The Advantage Voice

Pensiones Injustas con la Juventud

2011-08-30T17:13:00.000-04:00

Pensiones Injustas con la Juventud

Los planes de pensión del gobierno de Puerto Rico están quebrados. La solución hasta ahora ha sido que la juventud cubra el total del déficit actuarial, sin ninguna aportación de los pensionados ni de los actuales empleados. No va a funcionar y más personas van a tener que aportar al pote.

La forma en que la nueva Ley de pensiones le pasa la deuda a la juventud es mediante un aumento paulatino de 1% anual en la “aportación patronal” del sueldo de los empleados públicos hasta sobrepasar el 20%. El patrono es el gobierno. Por lo que el aumento en la aportación patronal no es otra cosa que un pago gubernamental adicional que forzosamente proviene de desviar fondos que hubieran sido asignados a educación, vivienda, o seguridad pública.

Por lo tanto, se le pide a nuestra juventud que aporten contribuciones por las cuales no recibirán beneficios en servicios sino que serán transferidas a los pensionados gubernamentales. No a todos los retirados, solamente a los pensionados gubernamentales.

Y sin embargo, la casa acreditadora Moody’s ya sentenció que el déficit actuarial es de tal magnitud que el aumento en aportación patronal no es suficiente. Por lo tanto, se va a necesitar cargarle a nuestra juventud aportaciones adicionales a menos que se determine que otros van a aportar. Y por otros implica los retirados, los empleados públicos actuales y los empleados públicos futuros.

Los retirados gubernamentales trabajaron para el país … y se les pagó por eso. Se les prometió un nivel de retiro contando con que sería cubierto por las generaciones más jóvenes… y nadie está cuestionando dicha promesa. El problema son los beneficios y bonos que reciben los pensionados en adición a la pensión prometida cuando eran funcionarios públicos.

Otro ejemplo de la carga asumida por los grupos más jóvenes es que si un trabajador obtiene $20,000 proveniente de salarios paga impuestos sobre todo su ingreso. Si un retirado gubernamental obtiene una pensión de $20,000, los primeros $11,000 están exentos de impuestos, además de que, contrario a los Estados Unidos, su ingreso de seguro social está exento de impuestos.

Cada vez tenemos más retirados gubernamentales. Cada vez tenemos menos jóvenes que paguen impuestos para sustentar a estos pensionados gubernamentales. No podemos abandonar a los pensionados gubernamentales, pero tampoco podemos poner toda la carga del déficit del sistema de pensiones en nuestros jóvenes. La alternativa es que los jóvenes sigan emigrando.

Vicente Feliciano
Presidente
Advantage Business Consulting

Sample Health Projects

2011-08-30T16:49:00.000-04:00

PR Camino a Detroit

2011-04-05T15:31:00.000-04:00

Hace muchos años que el Dr. Elías Gutiérrez describió la economía de Puerto Rico como una de ghetto. Gente joven y con posibilidades de emplearse abandona la jurisdicción mientras que las transferencias federales se convierten en una fuente de ingreso importante. Aunque lejos de perfilarnos como economía de ghetto, las últimas cifras del Censo y de la Junta de Planificación dan a la visión del Dr. Gutiérrez una preocupante relevancia.

Están abandonando la Isla unas 30 mil personas cada año. La emigración se concentra en grupos jóvenes. Mientras, la tasa de natalidad viene en picada. Como resultado, la población de la Isla viene declinando. La economía está en su quinto año de contracción y la Junta de Planificación proyecta crecimiento menor del 1% en el Fiscal 2011-2012, implicando cierta estabilización.

Durante el período 1933-1945, transferencias federales como la “PRERA” y el empuje económico de la Segunda Guerra Mundial dieron a la Isla un respiro. Sin embargo, con el fin de la guerra, la economía se dirigía al estancamiento. La implantación de las políticas de Manos a la Obra a finales de la década de 1940 sirvieron bien al país durante un cuarto de siglo.

El reciente aumento en el precio del petróleo retrasó la estabilización de la economía de Puerto Rico. Pero más tarde o más temprano se va a estabilizar. ¿Y entonces qué? El turismo de masas no va a tener un despegue con las leyes laborales existentes y el alto costo de la electricidad. La industria farmacéutica se estaba contrayendo previo a los impuestos adicionales que se legislaron recientemente. La necesidad de construcción es menor en una sociedad con poco o ningún crecimiento poblacional. Los retirados desean cubrir el déficit actuarial de los planes de pensión con recursos de grupos jóvenes, mientras que dichos jóvenes optan por emigrar.

Detroit era una ciudad pujante a mediados del siglo veinte, anclada en la industria automotriz. Medio siglo después, mientras que la industria automotriz ha ido declinando, las industrias de las transferencias federales y el crimen han ido creciendo. Jóvenes y familias abandonaron la ciudad y la población se contrajo de 1.5 millones en el 1970 a menos de la mitad al presente.

Llevamos cinco años malos en la Isla. Lo triste es que todavía necesitamos decisiones difíciles que en el corto plazo van a impactar negativamente nuestro estilo de vida. De otra forma, más boricuas pedirán a Dios que los lleve a la Florida.

Vicente Feliciano
Presidente
Advantage Business Consulting

Reforma Laboral Sensible

2011-04-05T15:28:00.001-04:00

El Senador Tomás Rivera Schatz intervino en la disputa laboral entre la Autoridad de Edificios Públicos y la Unión Independiente de Empleados de la AEP. En el Acuerdo las partes se obligaron a no realizar cesantías de empleados, ni aumentos, ni reducciones de salarios. Asimismo, se hicieron una serie de concesiones en torno a las licencias, reducciones de gastos, ahorros en diversas partidas, planes médicos y seguros de vida, bono de navidad, entre otros asuntos.

Es necesario aplicar el mismo espíritu de sensibilidad a la legislación laboral. Planteamientos intransigentes de que no se cederán “conquistas laborales” condenan a muchos puertorriqueños al desempleo o la emigración. Promesas infundadas del sector privado de que va a crear 25 mil empleos si se altera la Ley de Cierre promueven la desconfianza.

El desempleo en Puerto Rico es consistentemente mayor que en los EE.UU. y la tasa de participación es consistentemente mucho menor. Esto no es un problema de populares ó PNPs. Es un problema que se explica parcialmente por leyes laborales diseñadas en función de una economía de mediados del siglo XX.

Se necesita un nuevo lenguaje que promueva una discusión seria sobre reforma laboral. Ofrecemos tres ejemplos.

¿A quién debe aplicar la Ley 80 de Despido Injustificado? ¿A presidentes de empresas con salarios millonarios? Si la respuesta es no, entonces entramos en una discusión seria de a quién y a quien no le debe aplicar la Ley 80.

Otorgar 30 días de vacaciones, 18 de enfermedad y 20 feriados a los empleados públicos implica menos policías en la calle, menos terapias para niños con necesidades especiales y más solicitudes de desempleo esperando en escritorios. ¿Estamos de acuerdo? Si la respuesta es no, entonces entramos en una discusión seria de cómo balancear días de vacaciones, enfermedad y feriados de los empleados públicos con las necesidades de nuestra sociedad.

No hay legislación federal sobre el número de días de vacaciones en el sector privado. ¿Queremos tenerla en la Isla? Si la respuesta es sí, entonces la pregunta es cuál debería ser la guía. Yo sugeriría que siendo Puerto Rico una economía regional de la economía norteamericana, los días de vacaciones mínimos legislados deben ser similares a los días de vacaciones promedio observados en los EE.UU., que son menos que los legislados en Puerto Rico actualmente.

Necesitamos comenzar a usar otro lenguaje porque si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir obteniendo los mismos tristes resultados.

Vicente Feliciano
Presidente
Advantage Business Consulting

Estirando el Peso en Mi Salud

2011-04-05T15:24:00.001-04:00

En economía podemos obtener cosas gratis si aumentamos la productividad. El resto hay que pagarlas. Mi Salud ofrece mayores beneficios a los participantes que el modelo anterior de Reforma de Salud. El incremento en los beneficios se paga en parte con mejoras en productividad. La otra parte la tienen que pagar los contribuyentes o los proveedores.

No hay duda que Mi Salud trae una mejoría en los beneficios de salud mental. Esto se consigue mediante una mejor coordinación entre el servicio de salud físico y el servicio de salud mental. Este es un ejemplo de mayor productividad del que todos nos beneficiamos.

Mi Salud mejora el acceso a médicos especialistas, aumentando la utilización de los mismos y el costo al sistema. La mejora en productividad al eliminar el ejercicio de administrar los referidos de médicos primarios a especialistas no es suficiente para cubrir el costo adicional. Por lo tanto, se necesita reducir pagos a proveedores ó aumentar la aportación de los contribuyentes. El ajuste a los proveedores puede venir mediante la capitación de especialistas, la reducción en las tarifas de hospitales u otros servicios, o la reducción en los pagos a los médicos primarios.

Alguien tiene que pagar. Aparenta que el mejor acceso a especialistas es un cambio en el sistema que vale la pena mantener y que es manejable financieramente.

Mi Salud mejoró el acceso a medicamentos y está teniendo un aumento vertiginoso en los costos del sistema en comparación con Reforma. La mejora en productividad del sistema, como podría ser reducir las hospitalizaciones, no se acerca a cubrir el enorme incremento en costos que se está observando. El dinero va a salir de los proveedores ó de los contribuyentes. Mientras, no aparenta que este incremento en gastos haya tenido un beneficio clínico significativo comparado con el sistema anterior.

Y los beneficiarios, ¿bien gracias? Mi Salud, al igual que la Reforma, requiere mucho de contribuyentes y proveedores pero exige muy poco a los beneficiarios. Los co-pagos son muy bajos, las penalidades por utilizar mal los recursos son casi nulas y las penalidades por no llevar estilos de vida saludables son cero.

Mi Salud es un programa de beneficencia social que, contrario a las becas Pell o el WIC, lo pagamos en su mayoría los puertorriqueños. En teoría podemos aumentar el IVU y pasar los fondos a Mi Salud. Yo voto por que se requiera mayor contribución a los participantes.

Vicente Feliciano
Economista

Contra la Huelga UPR

2011-04-05T15:21:00.001-04:00

Todos estamos a favor de una Universidad de Puerto Rico de excelencia, tanto en su misión de investigación como en su misión de enseñanza. Todos estamos de acuerdo con que la educación es un derecho y no un privilegio. En lo que no estamos de acuerdo es si la cuota de $800 por estudiante atenta contra los consensos esbozados anteriormente.

Los estudiantes de la UPR-Río Piedras reciben muy poco apoyo de aquellos que estudiaron en la Universidad Católica, Interamericana, Sagrado Corazón y Ana G. Méndez y que pudieron estudiar pagando significativamente más que lo que contribuyen los estudiantes de la UPR después de la cuota.

Los estudiantes de la UPR-Río Piedras reciben muy poco apoyo de aquellos que estudiaron fuera de Puerto Rico lavando platos y tomando préstamos. Hasta ahora los estudiantes de la UPR-Río Piedras no han querido explorar alternativas que impliquen trabajo o deuda.

La UPR es un programa social que promueve movilización para que la hija del policía pueda convertirse en ingeniera. Como tal, compite por recursos con otros programas sociales que atienden temas como educación escolar, seguridad y maltrato infantil. Darle más fondos a la UPR implica dar menos a los otros.

La UPR es un programa de inversión económica que genera una fuerza laboral capacitada. Como tal, compite por recursos con otros programas de inversión como energía renovable, financiamiento a pequeños negocios e iniciativas tecnológicas. Darle más fondos a la UPR implica dar menos a los otros.

La UPR es un programa de avance cultural. Como tal, compite por recursos con otros programas culturales como museos, orquesta sinfónica y parques nacionales. Darle más fondos a la UPR implica dar menos a los otros.

En Puerto Rico se paga por la comida, agua y electricidad. Las carreteras son gratis y en las autopistas se paga peaje. La educación escolar pública es gratis y en la universidad pública se paga. Los estudiantes cubren menos del 15% del costo de la UPR y la mayor parte es mediante beca. Sobre el 85% lo pagamos principalmente los contribuyentes de la Isla. Los estudiantes son los principales beneficiados de la educación impartida en la UPR y deben aportar más a su propia educación. Muchos pueden pagar la cuota y los otros pueden recibir becas y trabajo.

La UPR es de todos. No responde tan solo a los intereses de sus estudiantes sino a los de todos los puertorriqueños.

Vicente Feliciano
Presidente
Advantage Business Consulting

Custodia Compartida y Dinero

2011-04-05T15:18:00.000-04:00

La política pública sobre custodia compartida es compleja por el rol que juega el dinero. Al presente hay una presunción de que la custodia de los menores se le da a la madre y que el padre paga pensión alimentaria. Para aprobar custodia compartida se requiere que ambos padres la favorezcan. Aceptar custodia compartida podría ser beneficioso para los menores, pero muchas madres prefieren el beneficio económico.

El Proyecto del Senado 63 altera la presunción. Se toma como punto de partida la custodia compartida. No siempre sería custodia compartida. Por ejemplo, si existe un historial de violencia doméstica se cancela la presunción de custodia compartida. Pero el punto de partida, como dirían en informática el “default”, sería custodia compartida.

La realidad nos obliga a tomar en consideración los factores económicos al opinar sobre custodia compartida. Quizás no debería ser así. Pero quienes opinan sobre custodia compartida sin tomar en cuenta los elementos económicos hacen un flaco servicio a nuestros hijos.

La aportación a la vivienda es un ejemplo del problema. Supongamos que un padre y una madre divorciados acondicionan un espacio idéntico en sus residencias para cuando están los menores. Si la custodia es de la madre, el padre tiene que aportar a la hipoteca de la residencia de la madre pero la madre no tiene que aportar a la hipoteca del padre. Si es custodia compartida, se considera el costo de la vivienda del menor en ambas casas, los ingresos de ambos padres, y ambos padres aportan a la vivienda del menor en ambas residencias. Los valores de nuestra sociedad son consistentes con el segundo escenario.

El reglamento de pensión alimentaria ofrece a los padres no-custodios que están más del 20% del tiempo con sus hijos un crédito en la pensión por los gastos incurridos. No debe sorprender que muchos de los planes de relaciones paterno-filiales se estructuran para no llegar al 20%. Nuevamente, la realidad es que la variable económica impacta las relaciones paterno-filiales.

De la misma forma en que hay madres que se oponen a la custodia compartida por razones económicas va a haber padres que utilicen la custodia compartida con el único propósito de reducir su responsabilidad financiera. Hay que establecer mecanismos reglamentarios para evitar este posible abuso.

La custodia compartida es un tema complejo, pero en balance el Proyecto del Senado 63 es un avance para nuestra niñez y para nuestra sociedad.

Vicente Feliciano
Presidente
Advantage Business Consulting

Cuba, Irlanda y Puerto Rico

2011-04-05T15:16:00.001-04:00

A principios de la década de 1980, como estudiante de bachillerato, redacté par de ensayos comparando las economías de Cuba y Puerto Rico en la década de 1940. Las economías de ambas islas eran muy similares. En aquel momento histórico, Cuba optó por una manufactura de sustitución de importaciones y respaldar su industria azucarera. Puerto Rico optó por una manufactura de exportación y presionar a la industria azucarera mediante la Ley de las 500 Acres. Para cuando llegó la revolución cubana era obvio que la economía de Puerto Rico había alcanzado mayor dinamismo que la cubana.

Hoy día las economías de Puerto Rico e Irlanda son muy similares. Ambas están basadas en la atracción de capital extranjero que opera en cada isla supliendo ya sea a los EEUU o a Europa. En ambos casos el mecanismo de atracción del capital extranjero fueron tasas contributivas muy bajas para empresas de manufactura y exportación de servicios. Ninguna de las dos islas controla su propia moneda y dependen de las políticas monetarias que sobre el dólar y sobre el euro se establecen en lejanas ciudades.

En ambos casos los socios comerciales presionaron a las islas para que subieran sus tasas de contribuciones preferenciales. En el caso de Puerto Rico se eliminó la Sección 936. Puerto Rico reaccionó utilizando el mecanismo de las “Controlled Foreign Corporations (CFC)” y ofreciendo tasas a estas empresas que iban desde 0% a un máximo de 7%. En el caso de Irlanda se le exigió eliminar la tasa preferencial hacia ciertas empresas. Irlanda uniformó las tasas para todas las corporaciones a un nivel que seguía siendo más atractivo que sus pares europeos, 12.5%.

Ambas islas entran en crisis a finales de la década del 2000. En el caso de Puerto Rico por problemas fiscales que luego se complican con una banca comercial descapitalizada por haber tomado posiciones agresivas en el mercado de bienes raíces. En el caso de Irlanda por problemas de la banca comercial relacionados al mercado de bienes raíces que por mucho exceden la experiencia de Puerto Rico.

En el 2010, después de cuatro años de recesión, Puerto Rico recurrió a aumentos en las contribuciones de las empresas multinacionales a las que tan reciente como el 2008 se le habían reducido los impuestos. La Ley 154, la del llamado arbitrio del 4%, no es sobre las ganancias sino sobre las ventas. Por lo tanto, no está claro al momento si la tasa contributiva total que van a pagar estas empresas excede la carga tributaria en Irlanda. Algunas de estas empresas estaban cerrando en Puerto Rico antes de la imposición de esta nueva contribución y no está claro qué sucederá después del nuevo tributo.

El estimado de contribución a obtenerse en el 2011 por la Ley 154 es de $1,400 millones. Esto es casi lo que se recauda con el IVU de 7%. El proyecto de reforma contributiva presentado en la legislatura no es viable sin los recaudos de la Ley 154.

En el 2010, después de tres años de recesión y en medio de una crisis con sus bonos de deuda, Irlanda recurrió a un paquete de ajuste que incluye aumentos en los impuestos al consumo, aumentos a los impuestos a la propiedad, y reducción en salarios de los empleados públicos. Esto garantiza un cuarto año de recesión. A pesar de las presiones de Francia y Alemania, Irlanda se negó a alterar su modelo económico y la tasa corporativa de 12.5%.

Me pregunto si en unos cuarenta años habrá un estudiante de bachillerato escribiendo sobre los rumbos que tomaron dos islas con economías similares.

Vicente Feliciano
Presidente
Advantage Business Consulting

Choque Generacional en la Isla

2011-04-05T15:15:00.001-04:00

Puerto Rico está experimentando fricción inter-generacional debido a cambios socio-económicos. Las dos fuerzas provocando esta fricción son los cambios demográficos que redujeron el número de personas jóvenes y la crisis financiera que impactó la capacidad de empleo de los adultos del país.

Un ejemplo es el sistema de pensiones de retiro del gobierno que va camino a la insolvencia en el 2014 porque los beneficiarios aportaron mucho menos de lo que están recibiendo. Los pensionados están solicitando que no les toquen sus pagos de retiro. Como solución desean que los que trabajan hoy en día, tanto los empleados públicos como los contribuyentes, sean quienes cubran la deficiencia y además ahorren para su propio retiro.

Mientras, muchos hijos nunca se llegan a mudar de casa de sus padres o están regresando a la misma. Un caso común hoy día es la madre divorciada que se muda junto con sus hijos de vuelta al hogar de sus padres. Unas 100 mil personas más vivían en hogares de tres generaciones en el 2009 que las que lo hacían en el 2005.

Debido al aumento en la expectativa de vida de la población tenemos que muchos de los hijos cuidando a sus padres, ya están retirados y próximamente necesitarán cuido. A esta generación se les hace difícil ahorrar para el futuro pues tienen la responsabilidad de sus padres pero les preocupa hasta que punto sus propios hijos los van a atender. Esto es particularmente importante en el caso de las personas que tienen otros tres hermanos para aportar a sus padres pero tan solo dos hijos para contribuir para ellos. En teoría se pueden movilizar recursos del Departamento de Educación donde hay menos estudiantes al Departamento de la Familia que atiende cada vez más ancianos. No va a ser sencillo.

Los “reverse mortgages” han brindado un mecanismo para apuntalar el ingreso de las generaciones de mayor edad. Por otro lado, es un mecanismo que reduce o hasta elimina la herencia que hubieran recibido los hijos. Así que algunos padres, que recibieron herencia, no están dejando herencia a sus hijos. Muchos de estos hijos desean preservar el capital de los abuelos o ser ellos los que lo gasten.

La familia es uno de los pilares principales de la sociedad. No hay duda que como resultado de las presiones actuales, nuestras familias no van a ser las mismas.

Vicente Feliciano
Presidente
Advantage Business Consulting

Necesario el Tope de 30%

2011-04-05T15:14:00.001-04:00

Recientemente la legislatura consideró un tope a la deducción de intereses hipotecarios igual al 30% del ingreso reportado con el propósito de atajar la evasión.

La limitación del 30% es muy razonable. La banca no presta para una hipoteca que represente el 30% del ingreso, y la hipoteca incluye pagos de interés, principal, seguros e impuestos a la propiedad. Según se va amortizando el préstamo, baja el monto de intereses pagados. Por lo tanto, un tope de 30% en tan solo los pagos de intereses no debe afectar a contribuyentes honestos.

Hay situaciones especiales que se pueden considerar al momento de establecer un tope. Por ejemplo, una persona retirada que tramite un “reverse mortgage” probablemente exceda el 30%. Sin embargo, esto es diferente a rechazar el principio del tope.

Otra situación es cuando el ingreso de un individuo se reduce significativamente. Sin embargo, en este caso su responsabilidad contributiva se reduce en una proporción aún mayor pues reporta menos ingreso, las tasas contributivas son progresivas y comoquiera deduce gran parte de los intereses hipotecarios.

A veces la banca presta dinero en función del ingreso real de los individuos, consciente de que la planilla de contribución sobre ingresos no es consistente con la solicitud de crédito hipotecario. La banca está en su derecho. Sin embargo, el gobierno no debe permitir que estos evasores puedan seguir sometiendo planillas de contribución sobre ingresos reportando un monto de ingreso bajo y deduciendo intereses hipotecarios que no son consistentes con el ingreso reportado.

La Fundación del Colegio de CPAs contrató los servicios de dos de los economistas más reconocidos del país, el Dr. Ramón Cao y el Dr. Juan Lara. Estos incluyeron en su estudio una recomendación de un tope de deducción de intereses hipotecarios de 25%. No existe un ápice de análisis técnico que argumente en contra de la imposición de un tope.

La deducción de intereses hipotecarios en Puerto Rico es generosa. En los EEUU se puede deducir los intereses de la propiedad residencial, pero no los correspondientes a una segunda propiedad. También, la deuda en EEUU no puede exceder $1 millón. Si el préstamo es de $2 millones, tan solo se pueden deducir la mitad de los intereses hipotecarios.

No establecer un tope en la deducción de intereses hipotecarios beneficia directamente al evasor. Además, permite que los que hacen negocios con el evasor se beneficien indirectamente de la evasión contributiva. Como país, necesitamos un tope.

Vicente Feliciano
Presidente
Advantage Business Consulting

Necesaria la Reforma Laboral

2011-04-05T15:13:00.001-04:00

La reglamentación laboral vigente contribuye a que muchos individuos permanezcan en la pobreza y el bienestar social, mientras que sirve de lastre al progreso del país. Por lo que es un objetivo de justicia social alterar esta legislación.

Un impacto importante de un mercado laboral disfuncional es la emigración. La legislación laboral en los EE.UU. es muy limitada comparada con Puerto Rico en áreas como días de vacaciones, días de enfermedad, reglas de despido, etc. Sin embargo, se observa una fuerte emigración desde la Isla en busca de empleo.

Para demasiadas personas, no es atractivo trabajar en Puerto Rico. Una de las razones es porque la estructura de beneficencia social fomenta el que no trabajen. Para demasiados empresarios no es atractivo operar en Puerto Rico. Una de las razones es que el costo de cumplir con la legislación laboral resulta que sea más atractivo operar en otras jurisdicciones.

Un ejemplo de problemas en las leyes laborales es que la Ley 80 de despido injustificado cubre a presidentes de empresas con remuneraciones millonarias porque son empleados. Este no debe ser el propósito de la Ley. Es importante resaltar que a los empleados de confianza del gobierno no les aplica la Ley #80, mientras que a los empleados de confianza del sector privado les aplica.

Cuando en el sector público se otorgan 30 días de vacaciones, 18 días de enfermedad y 20 días feriados a los empleados, se está tomando la decisión de ofrecer menos servicios al pueblo. Por cada día que no se trabaja se realizan menos terapias a menores con necesidades especiales, expedientes de investigaciones criminales descansan hasta que son retomados por la Policía, se atrasa por un día la expedición de permisos de construcción, se atrasa por un día las solicitudes de pensión de retiro, etc.

Los beneficios mandatorios en la Isla se deberían estructurar en el marco del siguiente principio: “Los beneficios mínimos mandatorios por ley en Puerto Rico serán similares a los beneficios promedios que se observan en los Estados Unidos.”

Hoy en Puerto Rico hay menos empleos que hace una década. Lejos de estar en recuperación, en julio 2010 se registraron 923 mil empleos, el nivel más bajo en años. Revertir la tendencia requiere de una reforma energética, una reforma contributiva, y una reforma laboral. Si no las llevamos a cabo y seguimos funcionando bajo el mismo marco, seguiremos obteniendo los mismos resultados.

Vicente Feliciano
Presidente
Advantage Business Consulting

APPs: Realidades y Esperanzas

2011-04-05T15:11:00.001-04:00

El impacto principal de las Alianzas Público-Privadas será mejorar la eficiencia de nuestro sistema económico y la transparencia de nuestro sistema de gobierno.

Las APPs no son para meramente canalizar fondos privados hacia construcción. Se trata de cambios estructurales que contribuyan a una recuperación auto-sostenida. Necesitamos reducir el costo de producir y vivir en la Isla impactando áreas críticas como agua, electricidad y transportación. Y se trata de que dichos cambios se lleven a cabo velando por los mejores intereses del país.

Por ejemplo, la APP propuesta para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados pretende metrar el agua por regiones para identificar escapes de agua y reducir el costo de operación de la AAA. Parte del pago a las empresas privadas será en función de cómo mejoren el manejo de los escapes de agua.

Algo similar ocurre con la propuesta planta eléctrica utilizando gas natural. Se proyecta un ahorro de unos $160 millones anuales en el costo de la energía eléctrica comparado con el uso de petróleo.

El beneficio principal de la concesión del Aeropuerto Luis Muñoz Marín no son los $160 millones en inversión a lo largo de cuatro años. Es que si estas inversiones son bien administradas, ayudarán a Puerto Rico a recuperar su sitial como centro de trasbordo en el Caribe. Esto último representa empleos en transportación y una mejor posición competitiva para nuestra industria turística.

Además, las APPs nos ofrecen transparencia para transacciones que en el pasado se realizaron a oscuras o manchadas por corrupción. El Superacueducto del Norte es un ejemplo de APP antes de que se estableciera el marco legal de las APP del 2009. Thames Water construyó y operó el acueducto utilizado por la AAA. El proceso resultó en varias personas encarceladas. La transparencia del proceso de las APP no garantiza honestidad, pero es un salto cualitativo en nuestro marco institucional.

Finalmente, el compartir el riesgo con el sector privado nos protege como contribuyentes. En el pasado, en el Aeropuerto LMM se construyeron dos terminales, el de American Airlines bajo el modelo de APPs y el Terminal A desarrollado por la Autoridad de los Puertos. Cuando American redujo sus vuelos, siguió pagando por el terminal. Cuando no apareció demanda para el Terminal A, la Autoridad de los Puertos cargó con la cuenta.

En las APPs la inversión en construcción es importante, pero más importantes son los cambios estructurales que tanto necesitamos.

Vicente Feliciano
Presidente
Advantage Business Consulting

UPR Sin Solución

2011-04-05T15:10:00.000-04:00

El problema de la UPR es que no hay dinero para continuar por el derrotero que llevaba. Y como repartir dolor y sufrimiento es complicado, esta huelga va para largo.

La crisis de la Universidad no comenzó en el 2010. Hasta entonces, los estudiantes continuaron beneficiándose de matrículas que ni se acercan a cubrir el costo de su educación, los empleados no-docentes continuaron obteniendo aumentos de compensación desligados de la realidad financiera de la Universidad, los profesores y los síndicos, etc. La asignación de $100 millones en fondos ARRA en el 2009-2010 y mayor endeudamiento le compró tiempo a la Universidad que fue desperdiciado.

La salida fácil era aumentar las asignaciones del gobierno central. La fórmula de 9.6% de los recaudos del Fondo General implicaron recortes automáticos cuando bajaron los recaudos de Hacienda. La Ley 7 excluyó a la UPR de recibir asignaciones provenientes de los nuevos impuestos legislados en el 2009.

Sin embargo, no hubiera sido correcto que un gobierno que ha despedido personal en los Departamentos de la Familia y la Policía aumentase la asignación a la UPR para mantener matrículas bajas y no tocar el plan de salud de los empleados no-docentes.

Los estudiantes en huelga tienen derecho a exigir la publicación de los informes financieros de la Universidad. Una institución pública subsidiada por el estado tiene que ser transparente en sus manejos financieros. No son razonables las excusas de la Administración de la UPR de que no se haya concluido la auditoría de los estados financieros de junio de 2009 por una huelga que comenzó en abril del 2010.

Por otro lado, no es constructivo negarse a aceptar aumentos de matrícula. La crisis financiera de la Universidad es real y la tienen que solucionar los distintos “stakeholders” en el marco de la autonomía universitaria. Todos se tienen que mojar.

El Comité Negociador debe enfocarse en negociar para que los aumentos en matrícula no impidan que estudiantes de recursos económicos limitados puedan estudiar. Estamos hablando de expandir programas de becas, trabajo y préstamos. El nivel de ingresos del estudiantado de las universidades privadas de la Isla es más bajo que el de la UPR y aún así se las arreglan para costear su educación.

Ya la Junta de Síndicos aceptó lo obvio. Falta que lo hagan estudiantes, empleados no-docentes, profesores, y público en general. Hasta entonces, la UPR no tiene solución.

Vicente Feliciano
Presidente
Advantage Business Consulting

Devaluación Interna

2011-04-05T15:06:00.001-04:00

Un amigo economista está utilizando el término “devaluación interna” para explicar el proceso por el cual está pasando Puerto Rico. Tiene razón.

Es común observar jurisdicciones que consumen más de lo que producen y entran en crisis. Un candidato en el corto plazo es Venezuela. Eventualmente es necesario balancear la ecuación. En el caso de Venezuela ya comenzamos a ver un proceso de devaluación de la moneda.

Una devaluación fuerte es una forma de reducir los salarios de los trabajadores y las ganancias de las empresas. Se reduce el consumo porque los salarios bajaron. Debido a que los salarios bajaron, las empresas operando en la jurisdicción pueden competir mejor con las empresas operando fuera. Poco a poco se recupera la producción, aumenta el empleo, se recuperan las ganancias y suben los salarios.

Las jurisdicciones que no tienen su propia moneda no pueden tener una devaluación regular. Este es un planteamiento económico y no político. Puerto Rico no puede devaluar pero tampoco lo puede hacer Florida, California, Panamá, España, o Grecia.

El peligro para estas jurisdicciones es que pueden entrar en un espiral de un sector privado no-competitivo, reducir el empleo, que a su vez reduce los recaudos gubernamentales, se despide personal gubernamental, se reduce la demanda del sector privado… Es un poco el perro tratando de alcanzar su cola.

La salida a este círculo vicioso es una devaluación interna. Los salarios tienen que reducirse, las ganancias tienen que contraerse, los valores de la propiedad tienen que caer. Al final se obtiene el mismo resultado que si hubiéramos tenido una devaluación de la moneda. Lo terrible es que nos tardamos mucho más. En Puerto Rico ya entramos en nuestro quinto año de crecimiento negativo.

Existe una salida menos dolorosa al círculo vicioso. Si aumenta la productividad de la fuerza laboral entonces las empresas pueden ser más competitivas sin reducir la compensación salarial, las ganancias de las empresas se mantienen a pesar de aumentos en los costos, no caen los precios de las propiedades porque las personas y los negocios tienen los recursos para costearlas.

El esfuerzo de contracción del gasto gubernamental en Puerto Rico es un ajuste inevitable de una economía que consumía mucho y producía poco. Necesitamos una reforma energética, una reforma laboral y una reforma contributiva que reduzcan los costos de las empresas y aumenten la productividad de los trabajadores. De otra forma, el proceso de devaluación interna continuará lentamente.

Vicente Feliciano
Presidente
Advantage Business Consulting

Certificaciones de ASUME y Economía

2011-04-05T15:04:00.001-04:00

El comportamiento del Sr. Marcelino Moyett al no pagar la pensión alimentaria de sus hijos es despreciable y su encarcelación apropiada. Sin embargo, los planteamientos que se están haciendo sobre la reglamentación en cuanto a certificaciones de ASUME son desacertados.

Uno de los grandes avances del sistema capitalista fue la invención del concepto de la corporación como entidad con personalidad jurídica. Si el contratista del gobierno es una corporación, es la corporación y no los dueños quienes tienen la responsabilidad de someter la documentación.

Supongamos que se le exige también la certificación de ASUME a los dueños. ¿Qué tendría que hacer una empresa que cotice en bolsa y que cuente con miles de accionistas? ¿Y por qué solo los dueños? ¿Qué tal los posibles miles de empleados de la corporación? ¿Y por qué solo la certificación de ASUME? ¿Por qué no pedir las certificaciones del CRIM y Hacienda?

El costo de la burocracia gubernamental creada seria inmenso.

El problema del incidente en cuestión es que la madre de los hijos del Sr. Marcelino Moyett no solicitó al Tribunal que la corporación Moyett Group Corporation le retuviera ingreso perteneciente al individuo Marcelino Moyett. De haberlo hecho, problema resuelto pues la corporación no hubiera recibido un certificado de no-deuda de ASUME.

Si la corporación hubiera tratado de evadir su responsabilidad desobedeciendo al Tribunal o realizando acciones que tuvieran esa consecuencia, entonces hubiera caído el peso de la ley tanto sobre la corporación como entidad jurídica como sobre sus oficiales en su carácter personal.

La corporación no está exenta de cumplir sus responsabilidades en el marco de la Ley de Sustento de Menores. Pero la corporación no paga pensión alimentaria pues no tiene hijos más allá de sus subsidiarias corporativas. Su responsabilidad es retener ingreso de sus empleados y/o accionistas en caso de recibir una orden del Tribunal.

La otra alternativa de la madre de los menores era conseguir la encarcelación del Sr. Marcelino Moyett, asunto que se tramitó.

Es natural que simpaticemos con menores que no reciben la pensión alimentaria que les corresponde. También es importante para el bienestar de nuestra sociedad proteger el concepto de la corporación. Crear burocracia adicional a la que tenemos y atacar el concepto de la corporación como ente jurídico con personalidad propia es el caso donde el remedio sería peor que la enfermedad.

Vicente Feliciano
Presidente
Advantage Business Consulting

ARRA push not enough

2009-12-03T13:24:00.000-05:00

When the engine of a stick-shift transmission car won’t start, all you have to do is push the car and start it on second gear. From that point on, it will move on its own.

This was the idea behind the federal American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) funds: stimulate demand. It was also the idea behind the Federal Reserve’s Troubled Asset Relief Program (TARP) money: shore up the financial system. The US economy had positive growth during the quarter July-September 2009. Banks are cleaning up their balance sheets and starting to return the federal government’s TARP investment. Home values started to edge upward. Manufacturing is coming back to life. Unemployment is still a problem, but there is light at the end of the tunnel.

In Puerto Rico there are clear signs that the recession is abating, but there is still no sign of recovery. The limitation of ARRA and TARP funds is that they assume a production infrastructure and a financial system that are fundamentally sound. Unfortunately, this is not the case in Puerto Rico.

The local financial sector is not strong enough to support an economic recovery. Members of the financial industry have made statements that the local banking sector is undercapitalized to the tune of billions of dollars. Three local financial institutions have limitations imposed by the Federal Reserve.

At the same time, home values are undergoing a downward correction. Emigration is dampening the demand for housing. Manufacturing and tourism have issues that precede the recession and these have not gone away.

In the United States you could make a case that a dollar in the hands of individuals is better than a dollar with the government. But in Puerto Rico, many ARRA funds transferred to households in October were spent on imports such as plasma TVs during Black Friday. The impact on the local economy of these imports is a few jobs at the port and the retail store. Most of the funds flow out of Puerto Rico to the exporting jurisdiction. The cash for clunkers program helped automobile manufacturing, but there is no automobile manufacturing in Puerto Rico. The same money, had it been invested in infrastructure by the Puerto Rico government, would have produced a much bigger economic impact.

ARRA funds will continue to flow this coming year, but almost one-third has come through already. The car will continue to be pushed over the next year-and-a-half, but not at a faster rate than now. It needs to start with the speed it already has.

The government is right to pursue Public Private Partnerships, labor reform, and tax reform. The fiscal crisis needed the government’s most immediate attention, but these other three topics will be increasingly important. These policies would fix Puerto Rico’s economic engine so that the car continues moving once ARRA funds run out.

The private sector needs to be more enlightened than the closing law discussion showed. It initially rejected the possibility of a minimum wage of $10 an hour on Sundays, holding out for single pay ($7.25 per hour). This was a missed opportunity. They finally agreed on a minimum wage of $11.50 an hour. The private sector needs to do better once the debates on labor and tax reform get underway.

Finally, unions and individuals are slowly coming to terms that a new social contract is being written in Puerto Rico. A government job no longer guarantees job security. If the local economy cannot generate the resources for government services, there will be cuts. These are positive development. It is widely accepted that the private sector economy needs to grow in order to support government jobs and services.

Puerto Rico is no longer in denial that painful and necessary changes are underway. But it will still take some time before we move forward.

Vicente Feliciano
President
Advantage Business Consulting

Apoyo a la Construcción

2009-10-14T16:22:00.000-04:00

Apoyo a la Construcción

El Sr. Rafael Lama, Editor de Negocios de El Nuevo Día, indicó el pasado domingo, “Para que se pueda mover el inventario de vivienda primero se tiene que atacar factores medulares como creación de empleo. Sólo de esta forma se asegurará la riqueza necesaria para que los consumidores puedan comprar y pagar su vivienda.”

Por demasiado tiempo en Puerto Rico se nos olvidó que un sector de la construcción saludable no produce una economía saludable. Es al revés, una economía saludable produce un sector de la construcción saludable.

La construcción del Centro de Convenciones y el Hotel Sheraton implican actividad de construcción. Más importante, aumentan la producción de nuestro sector turístico. Esto a su vez crea los empleos que permiten pagar por viviendas.

Si Puerto Rico no es competitivo, la demanda por construcción de hoteles y fábricas desaparece. Si no existen esos empleos, la demanda por vivienda y espacio de venta al detal desaparece. El gobierno puede estimular artificialmente la construcción mediante el uso de sus escasos recursos fiscales, pero los fundamentos de la economía implican que esto no es sostenible.

Llama la atención la diferencia en el programa de estímulo de compra de vivienda en los EEUU y el programa de Puerto Rico del 2008. En los EEUU, el incentivo está limitado a quienes compran vivienda por primera vez y no se limita si es vivienda nueva o existente. Se fomenta que Juanito se mude de casa de sus padres, y entonces que haya dos viviendas ocupadas. De esta forma se altera la relación oferta-demanda.

El programa de Puerto Rico no se limitaba a primeros compradores. Una familia podía abandonar la propiedad donde vivía, se mudaba a una nueva, y ponía en venta su residencia anterior. El número de viviendas vacías en venta no se alteraba.

Una de las razones por las cuales se sobre-invirtió en vivienda fue la especulación que creó un espejismo de demanda. En Puerto Rico es relativamente fácil salirse de un compromiso de opción de compra. Es crítico que para evitar la repetición de la situación actual, se revisen las reglas que aplican a las opciones de compra de propiedades.

Lo otro que tenemos que hacer es trabajar juntos para poder superar nuestro cuarto año de recesión. Solo así, realmente saldremos del inventario de vivienda.

Vicente Feliciano
Presidente
Advantage Business Consulting

Unions Need to Grasp New Reality

2009-09-24T11:38:00.000-04:00

Mr. Sergio Marxuach stated in these same pages that we are in a bankrupt economy. He argues that the model of transfer payments, tax incentives and government employment is spent. However, public sector unions continue to act as if it was smooth sailing.

Depending on the source, payroll represents some two-thirds of Puerto Rico’s government budget. Therefore, it is not possible to tackle the fiscal crisis without touching payroll. Yet public sector unions have not grasped this new reality.

Earlier this year CAREF prepared a serious proposal that spread the pain among the different sectors of society. The public sector unions could have taken this as a starting point and offered a reasonable proposal of their own. Instead, they denounced the CAREF proposal as the work of the “grandes intereses” and offered alternatives that were unrealistic and did not touch payroll.

While there are differences of opinion as to the number of public employees that need to be dismissed, the fiscal crisis has already resulted in dismissals and others are still required. The public sector unions could have been involved in negotiating severance packages or cuts in salaries and benefits to reduce the number of dismissals. Complaining about Law 7 is no substitute for serious negotiation.

Public sector employees enjoy a series of benefits that are not sustainable in the present circumstances and have not even been seriously discussed. These include a 37.5 hour work-week, 30 days of paid vacation, 18 days of paid sick leave, 19 days of paid holidays, and other paid licenses. These benefits were obtained at a time when the Puerto Rico taxpayer could afford it.

Private sector unions face market constrains when negotiating. If they press too much, the corporation may be forced to lay off personnel or even close. Puerto Rico’s public sector unions are not used to these constrains. Traditionally, increases in payroll costs could be passed on to either taxpayers or consumers.

Public sector unions, including those at WIPR, the Public Buildings Authority and the National Parks Administration, remain stuck in the past. They have been unable to negotiate under the new fiscal realities.

Particularly disappointing is the position taken by the University of Puerto Rico’s Hermandad de Empleados Exentos No-Docentes (HEEND). There are no dismissals scheduled. There are no salary cuts scheduled. While it speaks poorly of UPR’s management, there are also no work rule changes scheduled. And yet, HEEND could go on strike over a $140 salary increase agreed upon and not implemented.

The University of Puerto Rico’s budget comes mainly from an allocation of 9.6 percent of the average General Fund revenues over the past two years. As tax collections have declined, so has the UPR allocation. It will continue to decline in the immediate future. Part of this year’s shortfall is covered by over $100 million from the Federal stimulus package. This is non-recurrent income available only for two fiscal years: 2010 and 2011. Then what? HEEND seems oblivious to this reality and asks for Governor Fortuño’s intervention, in clear violation of the concept of university autonomy.

Puerto Rico needs strong public sector unions. But in order to be strong and serve their membership, they need to grasp the realities of the new fiscal environment.

Vicente Feliciano
President
Advantage Business Consulting

The 25% Tax Solution

2009-09-24T11:09:00.000-04:00

Early in the last century, the journalist H.L. Mencken said that “there is always an easy solution to every human problem--neat, plausible, and wrong.”

Puerto Rico is in a bind and it is tempting to think that if we lower corporate and individual maximum tax rates to 25%, somehow we would surge ahead. The problem with this solution is that it assumes that Puerto Rico’s economic and fiscal problems are directly related to the high tax levels. While this is partially true, it is only partially so.

The manufacturing sector has tax incentives. According to the Colegio de CPAs report on Law 73 (2008), the effective tax rate of the manufacturing sector is 5%. Lowering taxes of regular corporations to 25% will not help this group. And yet, manufacturing was contracting before the US recession. If nothing is done, it will continue to contract after the US economic recovery.

The tourism sector has tax incentives. Lowering corporate income taxes will not change the basic dynamics of this group. And yet, it has been challenged by the likes of Dominican Republic and Mexico. It has Cuba looming in the distance. Local Paradores are doing better these days because many Puerto Ricans cannot travel abroad, not because their underlying weaknesses have been addressed.

The construction sector has the advantages of the “special partnerships” tax framework and several tax incentive programs. If high income taxes were the main problem, Puerto Rico would observe little construction and pent up demand. And yet, Puerto Rico experienced too much construction and over-investment, particularly in housing construction. Low occupancy rates in commercial buildings are not a sign of a sector hobbled by high taxes but by excessive investment.

The banking sector invests in many tax-free securities, resulting in effective tax rates below 25%. If high taxes were the main problem, this segment would be small. And yet, security analysts complain about overbanking. The sector provided abundant credit, in retrospect too abundant, to the local economy. The strain on the capital bases of the banks are the result of lending issues, not high taxes.

Labor participation in Puerto Rico is extremely low. However, analysis of the issue by the Center for the New Economy signals to the welfare benefit structure as the main culprit. The 25% tax rate applies to individuals with taxable income of $30 thousand or more. In 2007, seventy per cent of the tax returns had gross income below $30 thousand. This is before any deduction.

There is no question that taxes in Puerto Rico are too high and the number of taxpayers who carry the burden is too low. A senator once remarked that the government health reform insurance is paid for by all citizens. The businesspeople at the table correctly responded that it is not paid for by all citizens but by all taxpayers, and they are not one and the same.

Tax reform is necessary to improve the economic performance of the Island. The 25% solution is not a silver bullet.

Vicente Feliciano
President
Advantage Business Consulting

A Gerenciar la Planta Física de las Escuelas

2009-08-11T16:11:00.000-04:00

A Gerenciar la Planta Física de las Escuelas
Vicente Feliciano
Presidente
Advantage Business Consulting

Arreglar la planta física en las escuelas públicas no es difícil. Se necesita subcontratar los trabajos de verano y darle mayor responsabilidad a los municipios.

Todos los años hay dificultades con las escuelas a pesar de los recursos invertidos. Si tantos Secretarios de Educación no han podido con el problema es que la estructura actual hace imposible atender el asunto.

El primer problema es que durante el período lectivo hay una cantidad limitada de trabajo para los conserjes y los empleados de almacén. Llega el verano y la cantidad de trabajo se multiplica. El gobierno pretende hacer gran parte de la labor con su propio personal a pesar de lo cíclico del trabajo.

Se necesita reducir el personal gubernamental de planta física de las escuelas al nivel necesario para manejar la labor durante el período lectivo. En el verano es necesario complementarlo con subcontratos que apoyen la labor de mantenimiento en las escuelas y transporte de materiales.

El segundo problema tiene que ver con la incapacidad de los clientes de escuela pública de impactar la gestión gubernamental. Si la escuela Josefa Pastrana en Aguas Buenas tiene la planta física en orden no es determinante a la hora de votar por el gobernador, pero podría serlo al votar por el alcalde.

La mayoría de los votantes determinan su voto para gobernador en función de sus preferencias de status, su condición de empleo, el comportamiento de la gripe porcina, etc. Si el mantenimiento de las escuelas fuera responsabilidad de los distintos municipios, los afectados tendrían mayor capacidad de con su voto conseguir la atención de las autoridades pertinentes.

Mejorar la educación pública en Puerto Rico es imperativo y sumamente difícil. Mejorar la planta física de las escuelas no lo es. Empecemos por eso.

¿Para qué sirven los economistas?

2009-08-10T13:21:00.000-04:00

Por Juan Lara
Especial para EL VOCERO
10 de agosto de 2009 04:00 am

Cuando dos o más economistas estamos conversando en algún lugar público y se acerca un amigo a saludar, el saludo es casi siempre el mismo: “Me imagino que están hablando de cómo arreglar la economía del País.” Es una broma propia del oficio, que algunos agradecemos como un halago porque en el fondo revela que muchas personas tienen grandes expectativas de nuestra profesión, especialmente en estos tiempos de crisis.

Vale preguntar si la profesión está a la altura de esas expectativas. En Estados Unidos y Europa se ha criticado mucho a los economistas por no haber advertido a tiempo sobre la crisis financiera que azota a la economía mundial.

En Inglaterra, un grupo de economistas le envió una carta a la Reina Isabel excusándose por no haber previsto la crisis. Y la revista The Economist publicó el mes pasado un ensayo extenso en el que trata de explicar cómo las teorías dominantes en el campo de la economía se quedaron cortas ante los acontecimientos dramáticos de los mercados financieros.

En Puerto Rico, agosto es el mes en que la Asociación de Economistas celebra su asamblea anual, y seguramente en algún momento del mes el Gobernador proclamará la “Semana del Economista”, como se hace todos los años.

La Asociación aspira a convertirse en el “Colegio de Economistas”, porque muchos de sus miembros creen que la profesión debe estar regulada y colegiada. Pero para que la colegiación se justifique, es necesario que la profesión esté revestida de un interés público, lo que le da más pertinencia aún a la pregunta: ¿para qué sirven los economistas?

De arranque podríamos admitir que no sirven para predecir crisis financieras, aunque esa aseveración habría que matizarla. No fueron pocos los economistas en Estados Unidos que advirtieron con bastante anticipación de los riesgos de la burbuja en el mercado de bienes raíces. Algunos incluso dijeron que Estados Unidos estaba en riesgo de sufrir un colapso del mercado inmobiliario como el que paralizó a la economía japonesa en la década de los noventa.

Aún así, la mayoría de los economistas se dejó llevar por una confianza excesiva en la sabiduría de los mercados financieros y en la capacidad de la Reserva Federal para enfrentarse a cualquier amago de depresión.

La crisis que aún no termina encierra muchas lecciones; entre ellas la de que los mercados financieros pueden fallar en gran escala—de hecho, ha ocurrido antes—, y la de que la Reserva Federal no tiene poderes mágicos para conjurar cualquier riesgo que amenace al sistema financiero.

Una de las consecuencias de la crisis será que próximamente se va a desatar un gran debate teórico e ideológico entre los economistas para explicar no sólo que fue lo que pasó, sino también por qué fallaron las teorías mejor establecidas. Esperemos que no degenere en un mero ejercicio de recriminaciones y asignación de culpas entre escuelas de pensamiento divergentes.

Aunque pueda sorprender a algunos lectores, la realidad es que dentro de la economía hay escuelas de pensamiento que difieren de manera fundamental en sus análisis y recomendaciones. Hay que reconocer que la economía no es una ciencia exacta, pero es igualmente importante dejar claro que se trata de una disciplina rigurosa que provee explicaciones sistemáticas de los procesos económicos y utiliza métodos estadísticos avanzados para la medición y el análisis.

De ahí que los economistas se atrevan a hacer proyecciones, aún sabiendo que no pueden ser “exactas”. Y muchas de esas proyecciones son más precisas y útiles de lo que comúnmente se piensa.

En el caso de Puerto Rico, los economistas tienen mucho que contribuir en por lo menos cinco áreas críticas para el bienestar presente y futuro del País. Estas áreas son a) el diseño de una política de desarrollo económico y de incentivos industriales que realmente funcione, b) la reforma fiscal, c) la reforma del mercado de trabajo, d) el combate de la marginación y la pobreza, y e) la elevación del nivel de cultura económica de los ciudadanos.

En las primeras cuatro de las cinco áreas mencionadas es indispensable que la política pública se fundamente en un análisis económico minucioso y profesional.

Por ejemplo, en el área de desarrollo económico ya se han hecho varios estudios buenos que identifican los problemas y restricciones existentes y las estrategias más viables y prometedoras, pero hay que establecer una práctica continua de análisis de costo-beneficio de proyectos de inversión específicos y de los incentivos que se ofrecen a diferentes actividades. También hace falta identificar o diseñar nuevas modalidades de incentivos que vayan más allá de la exención contributiva.

En el área de la reforma fiscal, que incluye la reforma contributiva, se requiere analizar la incidencia y los efectos económicos de los distintos impuestos y de los gastos gubernamentales, así como la interacción entre el crecimiento de la economía y las políticas contributivas y de gasto público. En cuanto al mercado de trabajo, que es donde se manifiestan en última instancia todas las debilidades de la economía puertorriqueña, hay que realinear la estructura de incentivos que inducen a las empresas a crear o no crear empleos y a las personas a mantenerse dentro o fuera del mundo del trabajo.

El tema de la pobreza y la marginación está relacionado con la distrofia del mercado de trabajo y con la falta de una economía privada más grande y dinámica. En esta área se requieren acciones específicas de combate de la pobreza, pero también medidas que fomenten la integración de los marginados a la corriente central de la economía formal.

En todos estos temas se necesita la aportación de economistas calificados. También se necesita a los economistas para levantar el nivel de la cultura económica en el País. No se pretende que todos los ciudadanos sean conocedores de la teoría económica, pero sí se debe educar a la ciudadanía en conceptos económicos básicos que son necesarios para entender cómo la economía nos afecta a todos.

Por supuesto, no estamos hablando de un mundo en el que los economistas gobiernen, como los filósofos de Platón. Los economistas no sirven ni más ni menos que ninguna otra profesión para gobernar; su ventaja comparativa es la de poderle dar las coordenadas de un buen mapa económico a quien sea que gobierne.

Cuentan que un ciego estaba sentado en la acera en la oscuridad de la noche con un quinqué encendido a su lado. Un hombre que pasó le dijo: “Perdone la pregunta, pero, si usted es ciego, ¿para qué necesita un quinqué?” Y el ciego le contestó: “El quinqué es para que usted no tropiece conmigo.” Los economistas no tienen visión perfecta, pero deben servir para arrojar luz que le ahorre tropiezos al País.

El autor es profesor de economía de la Universidad de Puerto Rico.

Calce1: La crisis que aún no termina encierra muchas lecciones; entre ellas la de que los mercados financieros pueden fallar en gran escala y la de que la Reserva Federal no tiene poderes mágicos para conjurar cualquier riesgo que amenace al sistema financiero.
Cita:
“La mayoría de los economistas se dejó llevar por una confianza excesiva en la sabiduría de los mercados financieros y en la capacidad de la Reserva Federal para enfrentarse a cualquier amago de depresión”, Juan Lara

Sector Privado Tiene que Mejorar

2009-07-21T10:17:00.000-04:00

El nuevo Día
15 de Julio de 2009

El sector privado en Colombia está claro de que no puede haber empresas exitosas en un ambiente social enfermo. Por eso, son uno de los empresariados a la vanguardia en lo que a Responsabilidad Social se refiere.

En Puerto Rico el sector privado tiene que comenzar con tener más cuidado con las cifras que utiliza. Una organización privada reclama representar más de un millón de empleos. El problema es que en Puerto Rico hay un total de cerca de un millón sesenta mil empleos, personas que reciben una W-2. Y eso incluye administración pública, corporaciones públicas, cooperativas, empresas sin fines de lucro, y empresas privadas que no están afiliadas a ninguna organización empresarial.

Durante las vistas con respecto a la Ley de Alianzas Público-Privadas, miembros del sector privado solicitaron enmiendas para que los contratos no pudieran ser rescindidos aún en los casos donde el sector privado incumpla, si dicho incumplimiento es involuntario. Ninguno de los representantes del sector privado que propusieron la enmienda firmaría un acuerdo con un contratista para la construcción de su residencia donde no puedan rescindir el contrato si el incumplimiento del contratista es involuntario.

Uno de los problemas mayores de nuestro sector privado es una cultura empresarial que me garantiza ser criticado por este artículo que usted está leyendo. En nuestra cultura empresarial se permite criticar la paja en el ojo del gobierno pero no se puede mencionar la viga en el ojo propio.

Durante la Convención de la Cámara de Comercio tuve el honor de compartir con el presidente entrante, Jorge Galliano. Es un bálsamo oirlo hablar con una sensibilidad para el prójimo que a menudo está ausente del discurso de nuestro sector privado.

No tenemos que alterar nuestros valores. Pero es necesario articularlos con creatividad y sensibilidad.

Vicente Feliciano
Presidente
Advantage Business Consulting

Stimulus should generate early spending

2009-02-19T13:33:00.000-05:00

Puerto Rico Daily Sun
February 19, 2009

Vicente Feliciano

Some economists have missed the mark when they say that President Obama's stimulus package will not kick in until 2010.

Money for Obama’s spending boom does not have to come from either taxes or borrowing. Jurisdictions that have their own currency can print money. While this could be a problem during normal circumstances, leading to inflation, it is a hardly an issue now with idle factories, rising unemployment, and commodity prices in decline.

In case of the $700 billion package for the banks, it would hardly make sense for the government to borrow money from the private sector in order to inject it to the financial system, so that it can increase lending to the private sector.
Again, what Obama is doing in the U.S. (and Bush before him) is printing money and then injecting it to the banks.

If the federal stimulus and other measures are successful, then the economy would grow and the inflation may become a concern. Then, the Federal Reserve will face the choice of allowing inflation to rise or increase interest rates.

As of now, the Federal Reserve is looking forward to the time that the U.S and global economy have pulled out of the recession and economic growth is again stoking inflation.

Right now California is going through a reduction in expenditures and an increase in taxes.

Puerto Rico is probably going to follow a similar path. Neither can print its own money.

www.advantagepr.net

El optimismo de la voluntad

2009-01-21T11:05:00.000-05:00

Periódico El Vocero
21 de enero de 2009

Juan Lara

El filósofo marxista italiano Antonio Gramsci sentenció que el pesimismo es un asunto de la inteligencia y el optimismo es de la voluntad. El análisis racional y frío de la realidad—o sea, el ejercicio de la inteligencia—conduce inevitablemente a proyecciones pesimistas cuando las condiciones objetivas son verdaderamente difíciles. Sin embargo, eso no le cierra la puerta al optimismo, porque éste nace de la determinación de las personas de cambiar la realidad, por difícil que sea.

En una situación de crisis como la que atraviesa Puerto Rico, hay siempre quienes dicen que no se deben hacer proyecciones pesimistas, aunque sean objetivas. Estas personas quieren abolir el pesimismo de la inteligencia, que es lo mismo que querer tapar el cielo con la mano. Esa no es la ruta. Lo que hay que hacer es mantener el pesimismo a raya, confrontándolo con el optimismo de la voluntad.

Este pensamiento de Gramsci me lo recordó una profesora chilena de Harvard que me escuchó en San Juan hace dos semanas mientras le hablaba a un grupo de estudiantes visitantes sobre la situación económica de Puerto Rico. La pertinencia para nosotros es obvia: ante las pésimas condiciones económicas y sociales que prevalecen en la Isla, no podemos quedarnos atrapados en el diagnóstico pesimista; hay que pasar a la acción. Pero la acción no puede basarse en la negación de la realidad; el optimismo no puede ser fantasioso.

Con esto en mente, pensemos en la polémica suscitada por las propuestas del Comité Asesor para la Reforma Económica y Fiscal (CAREF). Las reacciones a las propuestas cubren todo el espectro de posturas imaginables: desde la negación de la realidad (¡No hay tal crisis!) hasta la afirmación de que todo se puede resolver con una fórmula sencilla (¡Boten 20,000 empleados públicos!, dicen algunos; ¡Que paguen los bancos!, dicen otros). Lo que ha estado ausente en la reacción de casi todos los sectores es la voluntad de buscar un espacio para la concertación; es decir, para negociar la distribución de la carga del ajuste fiscal entre todos. En estos momentos de incertidumbre y tensión, hay que ser optimista para pensar que se puede iniciar un proceso de concertación, pero eso es parte del optimismo de la voluntad que nos hace falta.

La próxima ronda de recomendaciones del CAREF es aún más controvertible que la que acaba de concluir, ya que en su próximo informe el comité hablará de medidas estructurales para sostener el crecimiento económico a mediano y largo plazo. Si no podemos saltar la primera valla—la del ajuste fiscal—es imposible que tan siquiera lleguemos a la próxima—la del ajuste estructural. La situación objetiva es mala de por sí; lo peor que podríamos hacer ahora es dejarnos caer en el pesimismo de la voluntad.

The good and the bad of public-private partnerships for Puerto Rico

2009-01-19T10:24:00.000-05:00

Vicente Feliciano
Puerto Rico Daily Sun
Monday, January 19, 2009

Public-private partnerships (PPPs) are like a romantic relationship, happiness is achieved when both sides contribute to the common good. In order for PPPs to benefit the Island it is critical that risk is transferred from the public to the private sector. Otherwise, the only thing we have is an intermediary who increases costs and adds no value.

Two examples show the difference between a PPP beneficial for the country and another that contributes nothing.

The Teodoro Moscoso bridge (1992) was an effort in which the private sector (the company APR) assumed a series of risks. The concession was for 35 years, estimated as two for construction and 33 for operation. The private sector assumed the risk that if the project was delayed, the time to operate the bridge would contract. If the cost of the bridge also exceeded budget, the private sector assumed the risk.

Estimates were performed as to the cost of operating the bridge. The private sector assumed the risk for such costs. If the cost of maintaining and operating the bridge differed from the estimate, the private sector would either benefit or lose. Traffic flow estimates were performed. The public sector assumed the risk for the first 10 years while the private sector assumed the following 23 years.

In contrast, the building rental contracts negotiated by the State Insurance Fund are completely different schemes. In this case the developer would construct a building for the SIF for which there was a long term rental contract. The public sector guaranteed 100% occupancy rate. Therefore, the developer had zero risk of vacant space for 20 or 30 years.

In this case, there was no significant transfer of risk from the public to the private sector. The private sector obtained financing thanks to the long term rental contract from the SIF. However, the SIF would have been able to perform the same thing by itself, only cheaper.

The last $1.2 billion bond issue by the Government Development Bank is proof than even under the present fiscal crisis, the government of Puerto Rico can borrow money at a lower interest rate than just about any other private company. Therefore, if the only thing that the private sector partner offers is access to capital, thanks to a commitment by the public sector, then this type of PPP is probably a bad deal for Puerto Rico.

Again, the key is to transfer risk from the public to the private sector. The PPP deal between the Puerto Rico Electric Power Authority and AES and Eco-Electrica are examples of risk transfer. The two private companies assumed the risk of building and operating its power plants, while PREPA keeps the risk for fuel costs and adjusts the price paid to them according to the cost of fuel.

One of the problems of PPPs is how complex the negotiations are. The experience in the United Kingdom is that due to the complexity of negotiating a PPP contract, these are between two and three times more expensive to negotiate than a traditional contract. For example, structuring a bid for the construction of the Teodoro Moscoso bridge and for the government to operate it was far cheaper than negotiating the agreement finally signed with APR.

Due to the fact that PPPs have higher costs of financing and negotiation than traditional agreements, it is important that they provide benefits in terms of more efficient operation and less risk to the public sector. If they have these benefits, the agreements will be a pleasure for the Island. Otherwise, it will surely end in a contentious divorce.

Dawn of Economic Realism in Puerto Rico

2009-01-05T12:23:00.000-05:00

Puerto Rico Daily Sun
Vicente Feliciano
December 27, 2008

Time and timing are of the essence in order to tackle the fiscal deficit and structural adjustments required by the Puerto Rico economy. Actions must be taken fast, but also in the correct order.

In the middle of a deepening recession it is wrong to approve recessionary measures. Therefore, the correct way to close the fiscal deficit for 2008-09 is through borrowing or selling assets.

Increasing the IVU, lowering public sector salaries… are recessionary measures that should be postponed to the fiscal year 2009-10.

It has been argued that the IVU should be raised two points in order to borrow $5 billion to close the fiscal deficit and perform public works. This would be like putting the cart before the horse.

The right economic strategy is to borrow against the lottery revenues or the existing IVU. This will be enough to cover the present deficit and start performing public works. In addition, support in the form of Federal transfers should start flowing sometime between March and April.

Once these measures tie us up to June 2008, the process of restructuring the government and the tax system can start in earnest. Definitely, the middle class needs a tax cut. This will add to the deficit of some $2 billion. A combination of painful spending cuts and tax increases would be required to cover the gap.

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Puerto Rico's Housing Prices Heading for a Fall

2008-12-17T08:52:00.000-05:00

Puerto Rico Daily Sun
Monday, December 15, 2008
Vicente Feliciano

Real estate in Puerto Rico has been in the doldrums for a couple of years. The situation will get worse during the following months.

The key is the increasing number of construction loans with problems. Some developers are on the verge of bankruptcy. Non-accrual loans in the banking sector went from $1.5 billion in June 2007 to $3.1 billion in June 2008. Then they increased by a whopping $1 billion in just one quarter, reaching $4.1 billion in September 2008. The majority of this increase was construction loans, with several institutions reporting 40% of their construction loans in non-accrual status.

There are no statistics as to how well home sales are going. However, car sales could give an indication. During the period January-August 2008 car sales were 6% below the same period last year. During September they were off by 20% and in October down by 26%. It is unlikely that the housing market is performing completely different.

During 2008 the $25,000 tax credit for home purchases was available. In spite of this, developers were having difficulties to close sales. Starting in January they will not have the advantage of the tax credit.

In addition, the recently passed notary law had an exemption for projects that qualified for the tax credits. Notary fees could be 0.5% for the purchase transaction and an additional 0.5% for registering the mortgage. On January both rise to 1% unless Governor-elect Fortuño makes good on his promise to strike down the law.

Developers could lower prices in order to sell the inventory. However, DACO regulations state that if prices are lower the developer would have to extend the price cut to previous purchasers. Therefore, price cuts would be particularly painful for developers. There are ways to get around the regulation. For instance, developers could offer a car to go with the housing unit. However, it would add to the complexity and difficulty of the transaction.

Another problem for the housing market is the risk reassessment from the financial markets. Three years ago there were plenty of offers of 100% financing, interest-only loans with a seven year balloon payment, no income tax returns required to prove financial capability, and so forth. These are called non-conforming loans and they are presently hard to find.

Puerto Rico, with a low savings rate and a large underground economy, was particularly hard hit by this development. In June 2005 origination of non-conforming loans stood at $2,201 million. By June 2008 was $714 million, and the following quarter was at $610 million. It is expected that the number would be even lower for the period October-December 2008.

Interest rates on conforming loans, the ones that require a down-payment and income tax returns, have come down. This is propelling refinancing transactions, but new housing investment is more constrained.

The confidence of Puerto Ricans on the real estate market has been shaken. For over a generation they have seen nothing but rising prices. Recently, sales of existing houses have been hampered by the recession, stricter credit standards, and the $25,000 credit on new housing.

What will happen if banks foreclose on some of the new construction projects? Units will be sold at knock-down prices. This will push down the whole market.

Intervention by the Commonwealth government, using taxpayer money, delayed the day of reckoning. Faced with priorities such as the crisis in health reform and revenue shortfalls, the Commonwealth government is ill equipped to continue forestalling the forces of the free market. The only hope now is that President-elect Obama sends the cavalry of the Federal government to intervene.

Otherwise, it will be a rude awakening for Puerto Rico that the rules of supply and demand apply to the housing market.

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Reacción Local

2008-12-02T15:54:00.000-05:00

El Nuevo Día
2 de diciembre de 2008
Juan Lara

El economista Juan Lara indicó que no es sorprendente que el NBER le ponga fecha de comienzo a la recesión a partir de diciembre de 2007, ya que en enero se comenzaron a sentir los vientos de recesión, especialmente en el mercado de trabajo.

Esa recesión parecía que iba a ser breve y leve, pero la crisis financiera la fue agudizando con el paso del año. Con los acontecimientos dramáticos de septiembre, pasó a convertirse un una recesión bastante más severa que la recesión típica.

Si el Gobierno Federal no toma medidas agresivas y rápidas para combatir la recesión, la situación económica en Puerto Rico se puede agravar considerablemente.

Sin embargo, si en Estados Unidos desatan un programa de gasto masivo en infraestructura y servicios públicos, esto puede ser lo que finalmente nos saque de la recesión en la Isla.

“El 'timing' de las medidas es crítico. En el mejor de los casos, no espero que se puedan implantar tan rápido como para eliminar la recesión en el 2009”.

“No olvidemos, por otro lado, que la recesión ya es oficial en Japón, en Alemania y en España. De hecho, ya tenemos una recesión global, la primera desde 1974-75”, añadió Lara.

Lara fue el primer economista local en indicar a principios de este año que la economía estadounidense entraría en un período de desaceleración económica.

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Solving The Health Reform Crisis in Puerto Rico

2008-11-24T14:28:00.000-05:00

Puerto Rico Daily Sun

Vicente Feliciano

November 24, 2008

Do I favor more funding for the Programa de Asistencia Nutricional (PAN)? Of course, it is paid by Washington. Do I favor more funding for the Pell Grant program? Of course, it is paid by Washington. Do I favor more funding for ASES / Health Reform? Wait a minute, I pay for this one.

Puerto Rico is facing a common welfare dilemma confronted by any economy with a major welfare program. The beneficiaries of Health Reform are not the ones who pay for it. In addition, health providers want to be well paid and offer the best possible care, which increases total cost. Thus, is the stage set for a classic case of political economy bargaining.

In the previous system, government controlled the budget. Therefore, the variable that balanced the equation was total services offered. Once the budget ran out, there were no medicines in the Centers for Diagnostic and Treatment (CDTs). A long waiting list existed for sophisticated diagnostic services such as CT Scan. Few dentists worked for the government program.

Once Health Reform is established, the government controls two variables: number of eligible individuals and coverage offered. Total expenditures are a result of these two decisions. And this year the expenditures amounted to $1,970 million compared to a budget allocation of $1,470 million.

Improving government efficiency and reducing government administrative expenditures are a non-starter with respect to Health Reform. The total direct expenditures by government to manage Health Reform are some $8 million out of a total deficit of $500 million.

Profits by insurance companies are small and limited by contract. Health Reform is not a high margin and particularly profitable market segment. Compare the difference between the Medicare Advantage program, where many companies entered the market, and Health Reform, where initially there were four participants and now there are only three.

There are only three alternatives open to the government in order to deal with the Health Reform Crisis: increase funding, reduce the number of eligible individuals, or change coverage to reduce cost.

With a $1 billion structural deficit and a commitment to tax reduction, it is unlikely that anywhere close to an additional $500 million could be found. If Washington steps in to cover the gap, we are saved. Otherwise, difficult choices must be made.

Thanks to Health Reform, Puerto Rico does not face the uninsured crisis observed in the United States. An increase in unemployment in the US leads to more individuals lacking health insurance, resulting in uncertainty and potential human suffering. An increase in unemployment in Puerto Rico leads to more individuals coming under the umbrella of Health Reform. This accomplishment should not be thrown aside.

This leaves coverage as the only variable to tackle. It will be painful. An obvious change in coverage would be the use of co-payments to control utilization. An experiment with co-payments led to a 50% decline in emergency room visits. Also, the list of approved medicines could be curtailed. Bottom line is that changes in coverage must lead to less utilization and a reduction in costs.

The government must uphold the right of the people to health services while dealing with the fiscal and tax implications typical of any welfare program. It must tax the middle class and the rich in order to pay for health insurance for the poor and the lower middle class. It is a difficult balancing act.

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Financial Tsunami Hits Puerto Rico

2008-11-10T12:37:00.000-05:00

Vicente Feliciano

President

Advantage Business Consulting

Puerto Rico Daily Sun

Monday, November 10, 2008

The September financial tsunami hit Puerto Rico quite hard, and it will continue to be felt.

Start by checking your mailbox. A couple of years ago it was bursting with credit card offers. Now you barely see them. Check the advertisements for mortgages. Check out how many offer 100% financing. Check out how many offer interest only payments with a balloon after seven years.

Car sales were running at 6% below last year up to August. During the month of September they were 20% below last year as both banks and consumers became more cautious. Open your mutual fund statement, your IRA accounts tied to the stock market, and you will read a sad story. Even PR government bond issues such as the pension recapitalization issue are trading below par.

One of the consequences of the financial tsunami is to deepen the problem of the real estate market and in particular the high income units. Financial institutions in the past were very flexible on their credit standards and their policies have become increasingly restrictive.

As opposed to the United States, the mortgage market in Puerto Rico was predominantly a plain vanilla 30 year fixed interest rate. However, it was a market in which non-conforming loans were the norm. Highly indebted consumers, individuals who obtained income from the informal economy and therefore could not document their income, individuals who did not put a cent of downpayment, they all got mortgage loans.

In the second quarter of 2005, over three quarters of the mortgage market was non-conforming. Three years later it was only half. It will be even less by the end of this year. When comparing the second quarter of 2005 with 2008, FHA loans plus conforming loans increased by $165 million. Meanwhile, non-conforming loans declined by $1,487… and will continue its downward trend.

The figures are still not in for the third quarter of 2008, but the resale markets for these mortgages dried up. Add the fact that real estate in Puerto Rico is not perceived as good as collateral as it was last year. Therefore, local financial institutions must have restricted the issuing of non-conforming loans over and beyond the experience of June 2008.

The financial tsunami washes away one of the routes usually used by the Puerto Rico economy in order to get out of a recession. When the US and Puerto Rico are in recession at the same time, the Federal Reserve reduces interest rates. Puerto Ricans, whose savings are mostly in real estate, refinance their mortgages. The refinancing generates consumption capacity either because the consumer keeps some cash in the transaction or because he/she lowers monthly payments.

But this time, both highly indebted individuals and persons whose income comes from the informal economy, will have difficulty in order to refinance. Regrettably, many Puerto Ricans are in either one of these categories. In addition, the new notary law setting a 1% transaction payment raises the bar when considering whether to refinance.

The best thing when a tsunami strikes is to be far away from the beach. For the economy of Puerto Rico, the only alternative is to hold its breath until the tsunami goes away.

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Puerto Rico's Housing Market: Looking Beyond the Recession

2008-10-22T07:15:00.000-04:00

Dr. Juan Lara

June 12, 2007

Puerto Rico's housing market has fared better than the US market in the past year, but it hasn't been spared the effects of the local reccession. Mortgage originations declined in 2006 for the first time in many years, and the drop was rather sharp.

In addition, in the early months of the current year banks have been foreclosing delinquent mortgages at twice the pace of the previous year. These are clear signs of the weakening of household finances caused by the recession.

Nontheless, the local market's troubles are mild compared to what has been happening on the Mainland, where some companies involved in sub-prime lending have gone under and many homeowners are facing a drop in property values. The local market looks good in comparison.

But even though sub-prime lending has not been as big and issue here as in the States, there is no denying that home sales have been hurt by the sour economy. Projections of housing demand on the Island have been revised accordingly. Before the recession, we were projecting demand for 21, 856 new housing units annually during 2006-2010. We now foresee annual demand for 19, 685 units, on average, during the five year period. Total demand, for both new and existing units, is projected at 40, 773 units per year.

The fact is that market fundamentals are strong, the recession notwithstanding. The ongoing demographic shift in Puerto Rico supports a healthy rate of new household formation that procedures fresh demand for housing year after year. In addition, interests rates are still attractive and buying a home is still one of the best possible investments for a Puerto Rican household. This is not necessarily true for households on the Mainland, because the drop in property values in some areas erodes the investment value of residential units.

It is expected that 98, 428 new households wil be formed in the period 2006-2010, which implies a need for that same number of new housing units. This means, as pointed out above, that 19,685 new housing units will have to be built each year during the second half of the decade. On top of that, some of the exisitng households will be selling the units they now own to move up to pricier units. These households generate simultaneously a demand for units and a supply of existing units, and while that secondary market activity does not impact the construction industry, it does account for a large chunk of the mortgage industry business.

Distribution by price segment

One of the more striking differences between the housing market in Puerto Rico an that on the US mainland is the concentration of demand in the low-income segment in the local market. Currently, the official threshold for low-income housing is $90,000, although in some areas it may go as high as $100,000. This segment is seen to account for 44% of demand for new housing units in the forecast period. Guayama, on the south east, is the region with the largest share of low-income housing in total demand for new units (63.1%), while the San Juan region has the lowest share (37.7%).

Not surprisingly, the intermediate segment in the market- units priced above $90,000 and below $500,000- has the largest demand density. A little over one half of new unit demand is in the intermediate segment, while the high- price units, beginning at $500, 000, make up a little under 5% of the market. In number of units, the intermediate segment amounts to about 10,000 per year, while the high-price segment takes about 1,000 per year.
The affordability issue

Puerto Rico lacks a housing affordability index because there are no price data for existing housing units. There is a price information for new units only, and even this is incomplete and fragmented. One might calculate an affordability index for new housing only, but that would be of little use since new units are relatively small fraction of the total houisng stock. Moreover, such and index would also be misleading, because new housing units are typically more expensive than existing units, which means than an index based on new units would overestimate the affordability problem.

It is possible to calculate an implicit affordability index using the projected price data for existing and new housing units in the demand forecast. A reading of 100 in this index means that the median-income household is able to buy the median-price property, indicating that housing is affordable. For Puerto Rico as a whole, the implicit index average 93 in the forecast period, pointing to a moderate affordability problem. The region with the highest index is Loíza- although it falls short of 100 - and that with the lowest index is San Juan.
Rental housing

The rental market in Puerto Rico is not as develop as are rental markets on the US mainland. Locally, demand for rental units is concentrated in low to very-low income households who are simply unable to buy a home. New demand for low-income rental units is projected at about 7,000 per year in the forecast period, which poses a challenge to the government's housing policies and programs.

The key issue in the assisted rent market, such as the Plan 8 market, is the lack of a sufficient number of adequate units. Supply in this segment is curtailed by low profitability and high development and operating costs. Government programs for this market must focus on strategies to stimulate supply through incentives that help offset costs and risks to developers and operators.

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Lecciones Para Puerto Rico de la Estructura Contributiva de Chile

2008-10-21T17:41:00.000-04:00

Vicente Feliciano

El Nuevo Día, 13 de abril de 2008

En el pasado Puerto Rico ha mirado a Chile como fuente de ideas para su desarrollo económico. Recientemente Chile ha sido uno de los países con mayor crecimiento económico en el mundo. Es beneficioso ponderar nuestras leyes contributivas y el debate de los incentivos industriales a la luz de la experiencia de Chile.

La primera sorpresa que nos llevamos al mirar a Chile es que el total de impuestos es similar a los nuestros. En ambos casos la carga contributiva representa cerca del 16% del Producto Bruto.

Pero la composición de los recaudos fiscales es completamente diferente. El grueso de los impuestos en Chile están dirigidos al consumo. El impuesto al valor agregado (IVA), parecido a nuestro IVU, tiene una tasa de 18%. Los impuestos relacionados al consumo representan el 63% de los recaudos fiscales.

En contraste, Puerto Rico grava la producción y el trabajo. Los impuestos al consumo son relativamente bajos. Recientemente Chile ha reducido un poco los impuestos al consumo y aumentado un poco los impuestos al ingreso. Para Puerto Rico acercarse al modelo chileno tendría que iniciar el camino en la dirección opuesta, aumentando el IVU y reduciendo los impuestos al ingreso.

Chile ha obtenido su crecimiento sin depender de incentivos contributivos. Con pocas excepciones, los impuestos corporativos ascienden a 17%. Ni la industria vitivinícola ni la industria de frutas y vegetales tienen tasas preferenciales. En el caso de la minería, tiene una contribución especial adicional. En comparación, en Puerto Rico las empresas exentas pagan entre 2% y 7% mientras que las no-exentas pagan cerca de 40%. Las tasas tan bajas a un sector fuerza que sean tan altas para el otro sector.

Usar el modelo chileno en Puerto Rico sería un tanto extremo, pero la brecha tan brutal entre exentas y no-exentas no se justifica. Según Puerto Rico revisa sus incentivos contributivos, debería usar como guía a Irlanda (12.5%) para las compañías exentas y a Estados Unidos (32%) para las compañías no-exentas.

Chile promueve la inversión en empresas y en acciones, mientras que Puerto Rico promueve la inversión en bonos e instrumentos de deuda. Un contribuyente chileno tiene que pagar contribuciones regulares por los dividendos que recibe de una corporación, pero recibe un crédito por los impuestos que la empresa haya pagado a nivel corporativo. La contribución total sumando corporativa y personal asciende a entre 35% y 40%. En Puerto Rico los dividendos se gravan al 10% pero no hay crédito por los pagos a nivel corporativo. Por lo tanto, sumando la contribución corporativa y personal está pagando entre 40% y 45%.

Los pagos de intereses en bonos en Chile se contabilizan como ingreso regular y pagan una contribución de entre 35% y 40% al igual que los dividendos. Por lo tanto, no se sesga la inversión hacia bonos e instrumentos de deuda. En Puerto Rico los pagos de intereses se deducen a nivel corporativo y se tributan a nivel personal al 17%. Por lo tanto, el sistema favorece corporaciones que se financian con deuda en vez de acciones. Lamentablemente, los puertorriqueños ni siquiera compran esta deuda corporativa al 17% porque tienen muchas opciones de deuda exenta.

Cada país tiene que desarrollar su propio modelo. Puerto Rico puede mirar hacia el sur para ideas sobre cómo marcar su propio camino.

Financiando la Reducción en Contribuciones en Puerto Rico

2008-10-21T17:34:00.000-04:00

Vicente Feliciano

El Nuevo Día - 3 de agosto de 2008

“I used to think if there was reincarnation, I wanted to come back as the President or the Pope or a .400 baseball hitter, but now I want to come back as the bond market. You can intimidate everybody.” James Carville

El issue de una rebaja en tasas contributivas ha tomado tal fuerza que su implantación es imperativa, lo cuál es bueno para el país. Por otro lado, si el financiamiento de la medida es inapropiado, el resultado sería contraproducente.

Es seductor pensar que reducciones en contribuciones van a generar tanta actividad económica que resultarán en mayores recaudos. Aunque hay mucha literatura popular al respecto, la literatura económica seria es que en circunstancias normales menores contribuciones resultan en menores recaudos. Hay un aumento en actividad económica que genera recaudos pero que no compensa totalmente la reducción en tasas.

Significativamente, las casas evaluadoras (Standard & Poor, Moody´s) creen en la literatura económica, por lo que promovieron activamente la implantación del IVU. Y si el gobierno de Puerto Rico propone reducciones en contribuciones sin reducciones en gastos la degradación de la deuda sería inmediata.

Ya se ha reducido el personal gubernamental en unos 16 mil puestos y se puede reducir la nómina gubernamental entre 16 mil y 20 mil puestos a lo largo de cuatro años sin necesidad de despidos. Si consideramos que cada reducción de empleo implica un ahorro de $40 mil, la reducción en personal representaría ahorros anuales de unos $700 millones para el último año del cuatrenio. Por otro lado, reducciones en gasto gubernamental producen una contracción en la actividad económica que reduce los recaudos, aunque no por la totalidad de la reducción en gasto gubernamental.

Como el déficit actual es de $1 billón, la reducción en el gasto recurrente mediante “attrition” no será suficiente para generar recursos para reducir el déficit actual y para recortes contributivos.
Reducciones mayores en gastos requieren repensar la estructura gubernamental. Y no estamos hablando de agencias pequeñas. Estamos hablando de la política del Departamento de Educación ante la reducción de alumnos. Estamos hablando de la política de ASES en términos del número de beneficiarios y su cobertura. Estamos hablando de los créditos contributivos y subsidios al sector privado. Otras áreas del presupuesto tienen porcentajes fijos de los recaudos (Universidad de Puerto Rico, rama judicial) o prioridad (pago de deuda).

Operar con déficits fiscales durante una recesión es correcto. Es parte de la teoría económica básica desde los tiempos de Keynes. Esta fue la razón por la que el gobierno norteamericano aumentó su déficit emitiendo los reembolsos contributivos. Esta es la razón por la cuál sería correcto un programa de inversión en infraestructura y vivienda social. Sin embargo, tiene que ser sostenible en el mediano plazo, que cuando se salga de la recesión la deuda resultante sea manejable.

Una opción es cubrir el déficit actual con reducciones en gastos y cubrir el déficit generado por la reducción en las tasas con ingresos no-recurrentes como endeudamiento, alquiler de activos (lotería, autopistas), venta de activos (deuda a Hacienda, bienes raíces), etc. Los mercados financieros determinarán cuán lejos puede ir el gobierno de Puerto Rico por este camino.
Económicamente, aunque quizás políticamente imposible, sería más correcto reducir las tasas en el marco de una reforma contributiva que amplíe la base y ponga un mayor peso en los impuestos al consumo. Los recaudos de Puerto Rico como porcentaje de la economía son similares a los de Chile. No es que el total de recaudos sea muy alto, es que está mal distribuido. En Chile el 63% son impuestos sobre el consumo mientras que en Puerto Rico el porcentaje se sitúa en 19%.

Además, es necesario eliminar los impuestos a los dividendos y financiarlo mediante aumentos a las contribuciones de ingreso por intereses. Es necesario revisar la definición de base tributable de la contribución alterna mínima. Finalmente, es importante eliminar leyes que innecesariamente reducen los recursos fiscales. Por ejemplo, si la nueva ley de incentivos económicos es buena, no es necesario dar nuevos decretos de exención contributiva con las tasas aplicables en la ley anterior.

Finalmente, la reactivación del sector privado no puede ser enfocada únicamente con medidas fiscales, sino que debe incluir: flexibilización de leyes laborales, agilización del sistema de permisos, flexibilización de ley de cierre, inversiones en infraestructura, etc.

Issues como el flexi-time, aprobado por la presente legislatura, tienen que ser retomados La discusión de otros issues de leyes laborales deben ser iniciados. La legislatura de este gobierno compartido aprobó la ampliación de pagos en el marco de la Ley 80 reglamentando los despidos en Puerto Rico y el gobernador firmó dicha legislación. Este tipo de legislación va contra nuestra capacidad competitiva.

Hay que reducir las tasas contributivas, pero hay que hacerlo sin afectar el crédito del país.

cambios a la ley de incentivos industriales de Puerto Rico: ¿Incentivos industriales para qué?

2008-10-21T17:31:00.001-04:00

Dr. Juan Lara

El Nuevo Día, 2 de marzo de 2008

Ante el reto que supone la definición inminente de una nueva ley de incentivos industriales Puerto Rico tiene que zafarse del lugar común para pasar a un propósito compartido.

De lo contrario, acabaremos por eludir una vez más las decisiones fundamentales que hay que tomar sobre la reorientación de nuestro desarrollo económico, refugiándonos en la falsa seguridad de lo mediocre conocido, por miedo a lo excelente por conocer.

El lugar común en lo que respecta a los incentivos se resume en una lista de preguntas retóricas, como las siguientes: ¿Es importante la manufactura para Puerto Rico? ¡Claro que sí! ¿Necesita Puerto Rico los incentivos contributivos para la manufactura? ¡Claro que sí! ¿Utilizan incentivos contributivos nuestros competidores? ¡Claro que sí! ¿Se deben estimular la innovación, el aprendizaje, la ciencia y la tecnología? ¡Por supuesto que sí!

Nadie (o casi nadie) está en desacuerdo con la contestación a esas preguntas, pero se trata de un consenso insulso, por que no dice nada sobre lo verdaderamente importante, que es el cambio.

Para pasar del lugar común al propósito compartido sobre el futuro económico del País hay que acometer otras preguntas como las siguientes: ¿Se debe aumentar las tasas contributivas preferenciales que se aplican actualmente a las (mal) llamadas corporciones exentas? ¿Se debe reducir el diferencial entre las tasas que pagan las corporaciones exentas y las no-exentas? ¿Se debe ir desplazando la política industrial hacia un régimen que no dependa tanto como el actual de las ventajas contributivas? Estas preguntas no llevan a un consenso fácil, pero son
ineludibles. Creo que la contestación correcta a todas ellas es "sí".

En las oraciones finales del ibro Restoring Growth in Puerto Rico, de la Brookings Institution y el Centro para la Nueva Economía, se afirma que "Puerto Rico no puede continuar dependiendo de las ventajas contributivas como el principal atractivo para las empresas internacionales". Con mucha anterioridad al libro Brookings/CNE, la misma idea la planteó el Nuevo Modelo de Desarrollo Económico que propuso hace 13 años la administración de Pedro Rosello. En dicho documento se dique el nuevo modelo "sustituye y/o complementa los incentivos generales con otros de carácter específico, por ejemplo, aquellos dirigidos a mejorar la calidad de la fuerza trabajadora, fortalecer la infraestructura científica científica y tecnológica y crear un clima reglamentario facilitador y apropiado". El nuevo modelo se distancia del anterior diciendo que el mismo "está basado esencialmente en incentivos contributivos generales".

¿Es que nada ha cambiado en los trece años desde que Roselló presentó su nuevo modelo? Por el contrario, ha habido cambios radicales, pero han venido del Congreso de Estados Unids, no de la comunidad local. Ya no existe la sección 936 ni su sucesora con muerte anunciada, la sección 30-A. El Congreso y los asesores de política pública en Washington, como la General Accounting Office y el Joint Committe on Taxation, ya no creen que los incentivos contributivos sean un buen instrumento para impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico, después de haberlos endosado por casi medio siglo. Ese es un cambio importante.

En nuestro lado del mar no hemos cambiado tanto. De hecho, no hemos cambiado prácticamente nada. Se da por sentado que continuaremos dependiendo principalmente de los incentivos contributivos para la promoción industrial, y eso , a estas alturas del siglo XXI, es tirar la toalla en materia de desarrollo.

De nada sirven las comparaciones autolesivas con las irlandas y los singapures del planeta si no emulamos sus mejores prácticas, y nos conformamos con usarlos ceremonialmente con benchmarks de nuestras deficiencias. Estos países se orientan más y más hacia los incentivos no-contributivos, como las aportaciones directas y los créditos específicos para actividades de valor económico estratégico.

En el caso de Puerto Rico, los objetivos estratégicos se relacionan con promover eslabonamientos entre las industrias del exterior y las industrias locales, fomentar las industrias de servicios, estimular las exportaciones de productos de alto valor añadido local, propiciar la innovación y el aprendizaje, y, por supuesto, crear empleos. Este último objetivo debe figurar siempre entre los criterios para el para el otorgamiento de incentivos, ya que seguimos siendo un país donde más de la mitad de los adultos no pasan por el mercado de trabajo.

Cuando en Puerto Rico predominaban los pequeños quioscos y colmados, era común ver un letrero que decía "hoy no fío mañana sí". En estos momentos de incertidumbre y de definicióm inminente, es natural querer aplazar el cambio, por el temor que infunde. Pero no luciríamos nada de bien en la aldea global si colgáramos al frente de la isla un letrero que diga "hoy no cambio, mañana sí".

Ley de Incentivos Contributivos es Positiva para Puerto Rico

2008-10-21T17:28:00.000-04:00

Vicente Feliciano

El Nuevo Día, 18 de mayo del 2008

La conclusión de la propuesta ley de incentivos es que es un paso positivo para el país, siempre y cuando se arregle la letra chiquita.

La visión que surge de la propuesta es aumentar las tasas contributivas de las empresas exentas de forma juiciosa, manteniendo niveles competitivos. De ahí que se establezca una tasa efectiva mínima de 4% mientras que al presente hay muchas empresas pagando por debajo de este mínimo.

El 4% fue producto de una discusión. Se mencionó que Irlanda tenía tasas de 12.5%. Por otro lado, Irlanda ofrece una serie de incentivos a las empresas que tienen como resultado reducir la tasa que en efecto pagan las empresas. Las personas allegadas a las empresas exentas mencionaron que la tasa efectiva de Irlanda era 4%, aunque no existe un documento oficial ni un estudio detallado. El comité aceptó este planteamiento por fe y así surgió el 4%.

El proyecto de ley tiene una visión más amplia sobre la competitividad de las empresas que meramente tasas contributivas. Entendemos que incluir elementos que reducen los costos de permisología, energía y laborales es un precedente importante. La erosión en nuestra base de manufactura y las dificultades de la industria nativa no se deben a contribuciones altas sino a altos costos operacionales.

Otro elemento positivo de la ley es que amplía el concepto de empresa elegible, incorporando actividades y elementos de la cadena de valor que antes no se consideraban. También promueve la formación de “clusters” mediante créditos contributivos por la compra a suplidores locales. Además, promueve la alta tecnología mediante la asignación de recursos al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología.

Los norteamericanos tienen la expresión “the devil is in the details”. Y es esta letra chiquita que tiene que trabajarse para que la propuesta ley sea beneficiosa para el país.

La redacción de la sección de contribución mínima no es consistente con el acuerdo del Comité Timón de una tasa efectiva de 4%. Según redactada, la tasa efectiva sería menor a 4% y en algunos casos el Departamento de Hacienda puede terminar pagándole dinero a las corporaciones exentas.

La duración del decreto de exención debe ser 10 años en vez de 15 años. La nueva ley es un cambio tan grande con respecto al esquema de los últimos sesenta años, que es seguro que tenga problemas que van a irse corrigiendo. Es algo así como una programación de computadora a la cual se le van arreglando los “bugs”, con la desventaja de que no podemos correrla antes para ver cómo funciona.

Sería imprudente amarrar a Puerto Rico a compromisos de 15 años sabiendo que vamos a tener que hacer correcciones. Por otro lado, un decreto de diez años nos da una ventaja brutal sobre jurisdicciones competidoras. Por ejemplo, ni Irlanda ni los Estados Unidos garantizan las reglas contributivas ni siquiera por un día. No existe un análisis técnico que justifique 15 años en vez de 10 años.

Nos preocupa que la propuesta ley no tiene fecha de expiración. Le debemos la nueva propuesta de ley a la cláusula de “sunset” de la ley anterior por la cual la ley expira después de diez años. Nos parece muy razonable que cada década tomemos un inventario de donde estamos y hacia donde vamos. Como ejercicio parecido podemos pensar en el Censo. Durante nueve años se trabaja con proyecciones y estimados, pero cada diez años es indispensable pasar por el esfuerzo de llevar a cabo un nuevo Censo.

El crédito por pago de regalías es igual al total del pago de regalías, lo que entendemos es demasiado alto. Si una empresa paga en regalías el equivalente a una tasa efectiva de 4% entonces no tiene ningún incentivo en llevar a cabo cualquier otra actividad de las que desea promover el proyecto de ley.

Si alguna empresa tiene decretos con tasas por debajo de 4% para contribuciones sobre ingresos y por debajo de 12% para regalías se le van a mantener dichas tasas en los decretos bajo la nueva ley. No se trata de respetar los decretos existentes, por los cuales el gobierno de Puerto Rico se comprometió a estas tasas contributivas, sino que cuando venzan estos decretos el nuevo decreto mantenga las tasas de la ley anterior. Si las tasas de la nueva ley son lo suficientemente buenas para atraer inversión, son lo suficientemente buenas para mantener la inversión existente.

El proyecto de ley exime de contribuciones a los ingresos de inversiones pasivas (Sección 2J) en vez de tratarlas como cualquier otro ingreso. No existe un análisis técnico para justificar dicha exención. En el caso de Irlanda, en vez de darle el mismo trato contributivo a los ingresos pasivos, se le impone una contribución mayor que al ingreso activo.

En el marco más amplio la ley es positiva porque una legislatura, con un record lejos de estelar, fue la que forzó al sector privado a ponerse a trabajar. En vez de esperar dos años tenemos una ley mejor que la anterior y en solo seis meses. Nuestro gobierno compartido logró unir voluntades para apoyar una medida controversial. No es lo mismo pasar una resolución felicitando batuteras que apoyar un proyecto que por su naturaleza es resultado de la negociación y el compromiso.

Para aquellos que estamos casados con el país, el potencial de la propuesta ley nos reafirma en nuestra convicción de que en la Isla hay futuro.

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Putting Tax Incentives in Perspective in Puerto Rico

2008-10-21T17:24:00.000-04:00

Dr. Juan Lara

The San Juan Star, Viewpoint, March 20, 2008

There is growing consensus around the world that relying primarly on preferential tax rates for industrial promotion is a thing of the past. (The key word is "primarily",since very few people argue that there oughtn/t be any tax incentives at all.)

The trend is to substitute non-tax incentives for tax breaks, providing grants for strategic investment and partnering with pioneering firms in innovation-driven initiatives. A low-tax environment is increasingly seen as a necessary complement to such non-tax incentives, but not as the centerpiece of a country's development strategy.

More and more people in Puerto Rico are convinced that this should be our approach to industrial development from this point onward. But we seem to be trappedin a Catch-22: to provide more non-tax incentives we need to raise more tax revenues, which implies, among other things, increasing tax rates for companies that have come to expect near-total tax exemption. If we raisetaxes, they might choose to move operations elsewhere, but if we don't, we might never be able to provide the sort of incentives that will make it worth their while to stay for the longer haul.

Sounds like a lose-lose situation. But it doesn't have to be. Instead of a Catch-22, what we face is more of a trade-off: companies can trade a small portion of their tax benefits for a new type of better designed incentives that hopefully will give Puerto Rican taxpayers more bang for their buck. Like all trade-offs, this one presumably involves different possible combinations of more of-this-for-less-of-that. The trick is to find the optimal combination, but that should not be too difficult for well meaning negotiatiors in the government and the private sector.

In an ideal world, the companies themselves would have proposed this sort of a trade out from enlightened self-interest. They haven't thus far -as far as we know- but they could still do it before the special comitte working on the industrial incentives law sends its draft of a bill to the Legislature. What we do know from press reports is that they agreed to leave the tax issure for the end-stretch of their six-month mission.

The committee's private-sector spokesmen have said repeatedly that they want to draft the best incentives law in the world. One hopes that they don't think don't think the best law to be the one with the lowest tax rates in the world. To be competitive in this regard, one n needs to keep tax rates somewhat below those of competing countries, but there's no need to go way lower than that.

The best law is the one that pinpoints the optimal trade off between tax and non-tax incentives. It may not be feasible to get to that optimal tradeoff point in one leap, but the law can be designed to take us there in steps. The important things is to signal the will to move in that direction by taking the very first step.

In the final analysis, what really matters is creating an environment on the island that is conductive to the emergence and growth of new competitive businesses. All sorts of companies must be able to thrive an dinteract in a healthy business. All sorts of companies must be able to thrive and interact in a healthy business environment -large and small, high-tech and low-tech- to create jobs that our economy needs so badly. This requires, among other things, low taxes for all good business , not just fro Pridco-promoted firms.

People often confuse competitiveness with cutting-edge technologies and the "knowledge economy," but there are competitive firms from all walks of conomic life. Take Danish butter cookies. They sell all over the world, even though they are a low-tech goodie produced by highly paid workers in a country with comparatively high corporate tax rates. Something is definitely not rotten in the state of Dernmark.

As we face the tradeoff between tax and non-tax incentives, we need to keep track of competitive policies in countries like Ireland and Singapore, which have bested us in the design and application o fincentives an din the creation of a fertile business environment. But those are not the only relevant benchmarks, just like high-tech and biosciences are not the only relevant target industries. We would do well to learn how that Danish cookie cumbles.

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Menos a la Obra

2008-10-21T17:16:00.001-04:00

Juan Lara

El Vocero, 28 de marzo de 2008

A medida que se agudiza la escasez de recursos fiscales, financieros, sociales y culturales, en Puerto Rico somos cada vez menos a la obra.

El ex-presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso dijo en cierta ocasión en un discurso que la perplejidad es el más inútil de todos los estados sicológicos. Pues bien, los puertorriqueños nos hemos quedado perplejos ante un modelo de desarrollo económico que casi todo el mundo da por agotado, pero que casi nadie se atreve a dar por terminado.

Para sacudir esta modorra mental, quizás sirva un vuelo de fantasía. Pensemos en Chirlanda, un país mítico con la ambición latinoamericana de Chile y la condición de economía isleña, pequeña y abierta, de Irlanda. ¿Qué lecciones le ofrece el modelo chirlandés a Puerto Rico?

Primero, en Chirlanda le hicieron frente al cambio. Ya fuera porque la situación de crisis política y económica los obligó a hacerlo, como en Chile, o porque el lastre de una economía estancada les impedía aprovechar el acceso a la Unión Europea, como en Irlanda, el pueblo chirlandés y sus líderes se atrevieron a dejar atrás las prácticas que habían repetido por décadas en materia de política económica y estrategia de desarrollo.

Segundo, en Chirlanda fraguaron un pacto social, ya fuera de manera formal, como ocurrió en Irlanda hacia finales de los años ochenta, o como una convergencia de voluntades en el proyecto de construcción de la democracia, como ocurrió en Chile durante los años noventa. Este pacto social no es lo mismo que un consenso, donde todos están de acuerdo sobre todo, sino una concesión recíproca de espacios de acción entre los diferentes actores sociales—empresarios, trabajadores, políticos—en aras de un propósito compartido.

Tercero, en Chirlanda no sólo se abrieron a la economía mundial, sino que también dinamizaron su economía interna, utilizando los instrumentos de política económica para estimular el desarrollo simultáneo de las industrias locales y las provenientes del exterior. Más importante aún es fomentar la integración de la industria local y las empresas foráneas y minimizar las diferencias en el trato que se les da a las empresas locales y las extranjeras. De este modo se crea un tejido productivo más denso, más estable y más conducente al aprendizaje y la innovación.

Por último, pero no menos importante, en Chirlanda tienen un sistema contributivo eficiente. En sintonía con las tendencias mundiales, los chirlandeses gravan principalmente el consumo, en lugar del ingreso, con lo cual se incentiva el trabajo y el ahorro a la vez que se desalienta la evasión contributiva y la economía informal. Un elemento clave de este sistema es que la tasa contributiva que se aplica a las empresas es baja, y se aplica por igual o casi por igual tanto a las empresas locales como a las foráneas.

Por supuesto, Chirlanda no es pura fantasía. Irlanda y Chile son sólo dos ejemplos de economías exitosas en el escenario mundial. De varias otras podemos extraer lecciones similares a las que hemos mencionado en esta nota. Ahora que en Puerto Rico comienza a debatirse la nueva ley de incentivos industriales, debemos mantenernos enfocados en esas lecciones del éxito y poner de verdad manos a la obra.

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Desarrollo económico de Puerto Rico: el trecho recorrido y el camino hacia adelante

2008-10-21T16:36:00.000-04:00

"Cultura y Ambiente: El Puerto Rico de hoy" - MAPFRE 2007 Vicente Feliciano

Desde mediados de la década de 1940 hasta principios de la década de 1970 la Isla aumentó su producción de forma sostenida, y cada año había nuevos y mayores recursos para repartir. Desde entonces el país ha tenido ritmos de crecimiento en la producción más lenta, con los consiguientes problemas sobre cómo mantener creciendo el estándar de vida de la población.
Para retomar el crecimiento será necesario que trabaje un porcentaje mayor de puertorriqueños que los que trabajen lo hagan por más horas y que su productividad en cada hora de trabajo sea mayor.Este es el gran reto de los próximos años.

Para aumentar la producción en la década de 1940 era necesario aumentar la productividad de la población.El mecanismo utilizado a esos efectos fue transferir mano de obra de la agricultura a la manufactura y en menor grado al turismo. Inicialmente, se trató con capital local gubernamental. Posteriormente, fue a base de capital norteamericano, tecnología norteamericana, sistemas de mercadeo norteamericanos y mano de obra puertorriqueña.

La pieza angular del esfuerzo fue la Ley de Incentivos Contributivos de 1947. Dicha ley ofrecía exenciones contributivas a empresas de manufactura que se establecieran en Puerto Rico. Aprovechaba la Sección 931 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos (EE.UU.) que brindaba mayores ventajas contributivas a empresas operando en territorios de los EE.UU. que si operaban en un estado o un país extranjero. Los otros pilares de la estrategia eran la mano de obra barata y el acceso preferencial al mercado norteamericano.

La exención a la manufactura promovió la inversión de este tipo de empresas.La producción era para mercados en el exterior, principalmente los EE.UU. El crecimiento del ingreso de los puertorriqueños atrajo otro tipo de inversión, particularmente empresas de servicios (venta al detal, construcción, finanzas, seguros, salud, educación, etc.), que se establecían para suplir el mercado interno creado por las empresas de manufactura y sus trabajadores.

Las empresas de manufactura se podían establecer en otras jurisdicciones, por lo que para atraerlas se utilizó el mecanismo de la exención contributiva. Las empresas de servicios tenían que establecerse en Puerto Rico para servir nuestro mercado, por lo que no era necesaria la exención contributiva para atraerlas, sino una demanda local significativa. Como resultado de la estructura de cuotas y aranceles de los EE.UU., un alto porcentaje de la población femenina norteamericana se sostenía con productos de Puerto Rico. Sin embargo, el éxito de esta estrategia económica trajo sus propios retos.

En primer lugar, el crecimiento de la manufactura en Puerto Rico provocó un aumento en los salarios.Esto fue positivo ya que es uno de los objetivos del desarrollo económico, pero implica que otros países van a tener una ventaja competitiva sobre la Isla en términos de mano de obra.Cada vez fue más difícil competir en manufactura liviana con países como México, República Dominicana y recientemente China.Otras jurisdicciones que en un momento enfatizaron la mano de obra barata, como lo fueron Alemania, Corea y Japón, pudieron hacer la transición de manufactura liviana a otras áreas de producción.

En segundo lugar, otras jurisdicciones como Irlanda y Singapur adoptaron modelos económicos alrededor de incentivos contributivos a la manufactura.Las estructuras no eran tan atractivas como la Sección 931, pero disminuyeron la brecha contributiva entre Puerto Rico y ellos. En tercer lugar, rondas de negociación comercial internacional redujeron los aranceles y las cuotas de entrada al mercado norteamericano.No es que Puerto Rico haya perdido su acceso preferencial, fue que otras jurisdicciones fueron mejorando el suyo.

Curiosamente, uno de los pocos sectores de la economía de EE.UU. que se mantiene siendo claramente proteccionista es la transportación marítima.La transportación entre puertos norteamericanos tiene que ser en barcos de bandera de los EE.UU con tripulación norteamericana. No es mucho más costoso llevar carga desde Hong Kong hasta San Juan que de San Juan a Nueva Jersey. Esto representa un peso económico importante para una jurisdicción insular como Puerto Rico.

A las Islas Vírgenes, sin embargo, no les aplica esta reglamentación conocida como ley de cabotaje. Ante el reto del agotamiento del modelo, Puerto Rico optó por enfatizar el acceso al mercado norteamericano. Se construyó una industria petroquímica en función de un sistema de cuotas de importación de petróleo a los Estados Unidos.La apuesta fue equivocada pues iba contra las fuerzas históricas que apuntaban hacia mercados más libres.Cuando el precio del petróleo aumentó en la crisis de 1973-74, el gobierno norteamericano abolió el sistema de cuotas.
La industria petroquímica en Puerto Rico perdió su atractivo principal mientras cargaba con el peso de electricidad costosa y el costo de transportación de llevar el producto final desde la Isla a los mercados en los Estados Unidos. A mediados de la década de los 70 se comienzan dos movimientos que dominarán la economía de Puerto Rico durante un par de décadas. Por un lado, se aprueba la Sección 936 del Código de Rentas Internas de los EE.UU., sucesora de la Sección 931.

Por otro lado, se incluye a Puerto Rico en el programa de cupones de alimentos de los EE.UU. El número 936 siempre estará ligado a la industria de alta tecnología en Puerto Rico y en particular a la industria farmacéutica. El crecimiento de la alta tecnología representó poco empleo pero bien renumerado. Por lo tanto, se manejó el reto del aumento en los salarios en Puerto Rico. La alta tecnología creó empleos en industrias de baja tecnología y en servicios debido a la demanda generada por empresas y trabajadores.

Por otro lado, ¿qué hacer con la parte de la población que no iba a tener acceso a los empleos que se estaban creando? La respuesta fue mantenerlos. Las transferencias para estos fines llegaron a representar una cuarta parte de la economía de Puerto Rico. El programa de cupones de alimentos fue de tal magnitud que representó no sólo un cambio económico, sino también cultural. Surgieron hasta canciones navideñas marcando la ocasión (“Estoy, estoy, echa con los cupones…”). Obtener empleo siempre había sido un reto.Después de la introducción del programa de cupones de alimentos se convirtió en un reto cuyo esfuerzo a menudo no se justificaba.Al presente, hay un gran número de programas y subsidios como el Programa de Asistencia Nutricional (sucesor del programa de cupones de alimentos), la Sección 8 de Vivienda, el seguro de salud de la Administración de Servicios de Salud, el subsidio a la electricidad, el subsidio al servicio de agua potable, entre otros. Para ser elegible para estos programas es necesario tener un bajo ingreso.Por lo tanto, es sumamente atractivo participar de estos programas y complementarlos con empleo en el sector informal.

La baja participación laboral es, sin duda, uno de los problemas principales que tiene Puerto Rico.Es difícil generar suficiente riqueza para cerca de cuatro millones de habitantes, cuando el total de empleados apenas alcanza el millón cincuenta mil. De forma paralela a este fenómeno económico ocurre un deterioro en la educación pública en Puerto Rico.Por lo tanto, la fuerza laboral que está entrando al mercado tiene un nivel de productividad limitado en el marco de las tendencias globales hacia economías de conocimiento.

Mientras, se han aprobado una serie de medidas laborales cuyo propósito es brindarle beneficios al trabajador puertorriqueño. El resultado ha sido contraproducente.Las medidas laborales han resultado en un aumento en los costos directos de emplear trabajadores en la Isla (Ej. bono de navidad, mesada de despido) o en los costos indirectos (Ej. vacaciones, días feriados).Según estos costos van subiendo, Puerto Rico pierde competitividad y empleos. Un ejemplo es el turismo interno.En teoría ésta debería ser una industria sólida, pues tiene una oferta de atractivos enorme y no es necesario tomar un avión para disfrutarlos.

La realidad es que para muchos puertorriqueños es más atractivo viajar a la República Dominicana y quedarse en un hotel “todo-incluido” que hacer turismo interno. Ante la dificultad de tener un sector privado dinámico, el sector público asumió el rol de emplear personal.Los empleados del sector público están protegidos de la economía global.El problema es que dependen de que se generen recursos en el sector privado para cubrir sus ingresos. Según el sector privado ha tenido dificultad en generar recursos para el sector público, por lo que se han implantado medidas para sostener el modelo de empleo gubernamental.Una de las medidas que se tomó fue ofrecer bajos salarios pero con muchos días de vacaciones, feriados y enfermedad.

El resultado fue la necesidad de gran cantidad de personal mal renumerado pero con mucho tiempo libre. Otro esquema para allegar recursos al sector público fue pasarle el costo a las futuras generaciones. Para hacer esto hay dos mecanismos: el sistema de pensiones y el endeudamiento. Es lógico aceptar menores salarios hoy a cambio de una pensión atractiva en el futuro.La estructura de pago de pensiones del gobierno de Puerto Rico era tan atractiva, que casi lleva a la insolvencia al fondo.En un sistema de pensiones de beneficio definido es posible aumentar los beneficios más allá de lo sustentable, desde el punto de vista actuarial.Durante años, el sistema puede funcionar con los trabajadores actuales subsidiando a los retirados.
Eventualmente se agotará el dinero. Por lo tanto, fue necesario aprobar la ley de reforma de pensiones del año 2000, que tuvo dos elementos principales.El primero, fue eliminar el sistema de contribución definida para todo nuevo empleado.El segundo,fue eliminar la contribución patronal al plan de retiro de todo nuevo empleado, porque se necesitaba utilizar los recursos para cubrir el déficit actuarial del sistema de beneficio definido. El segundo mecanismo fue el de deuda. La Constitución de Puerto Rico limitó la capacidad de deuda del Estado, a la que pueda ser servida con el 15 por ciento del promedio de los recaudos generales de los dos años anteriores.A través de los últimos años, esta deuda ha estado bajo control como porcentaje del producto bruto.

Sin embargo, esto sólo aplica a las emisiones de bonos que tienen el respaldo del “full faith and credit” del Estado Libre Asociado (ELA). No evitan que el gobierno de turno pueda obtener préstamos del Banco Gubernamental o emita una deuda que no tenga el “full faith and credit”. Y por lo tanto, la deuda del gobierno central creció ajena a los controles de la Constitución.
Otro tipo de deuda como la de las corporaciones públicas y la de los municipios, está respaldada por ingresos ajenos al fondo general. Por lo tanto, la deuda importante a darle seguimiento es la deuda del gobierno central, independientemente de si tiene el respaldo del “full faith and credit” del gobierno del ELA. La medida de política pública más sencilla para generar crecimiento económico, es la de obtener mayores transferencias federales.Según los EE.UU. se han ido alejando de los esquemas de “War on Poverty” de los tiempos de Lyndon B. Johnson, por lo que se ha hecho más difícil captar estos recursos. Un ejemplo de esto es el programa del “Temporary Assistance for Needy Families” (TANF).

La ley federal exigió que una madre soltera no estuviera en el programa más de cinco años.Cuando por primera vez se cumplieron los cinco años, muchas beneficiarias fueron reclutadas para trabajar en el programa de comedores escolares.No se necesitaba este personal, pero es el tipo de medida donde la respuesta del gobierno de Puerto Rico a una situación social lamentable es empleo y gasto gubernamental. La falta de acción ocupa otros campos.

La ley federal permite tomar acciones drásticas en escuelas en las que sus estudiantes fracasen cinco años consecutivos para alcanzar niveles mínimos de puntuación.En el año 2007, seis escuelas estaban en esta condición.No se tomó ninguna medida radical. Al final de cuentas la economía es sencilla. ¿Cuántos trabajan y cuánto producen mientras trabajan? En Puerto Rico trabajan pocos y un grupo de los trabajadores produce poco. La estructura contributiva agravaba la situación.El modelo económico basado en incentivos contributivos a la manufactura limita la base de contribuyentes corporativos.

Ante la disyuntiva de tributar el trabajo o el consumo, se optó por imponer el grueso de las contribuciones sobre el asalariado.Era atractivo recibir transferencias de bienestar social o trabajar en la economía informal. La implantación del Impuesto a las Ventas y el Uso (IVU) fue un paso en la dirección correcta. Amplió la base contributiva pues más personas aportan al fisco, aún aquellas que laboran en la economía informal.

Además, alteró la relación consumo-ahorro. Para el futuro es necesario incrementar el número de personas que trabajan y la productividad de cada trabajador. Cuantiosas inversiones en biotecnología por empresas multinacionales, a pesar de la eliminación de la Sección es señal de que la economía de Puerto Rico goza de fundamentos sobre los cuales construir. Revisar la estructura de asistencia social es fundamental. Haber instituido un impuesto a los ingresos negativos, donde asalariados de bajo ingreso reciben un pago de contribución sobre ingresos en vez de hacerlo, es un elemento positivo. La dirección de la política del gobierno federal es positiva desde el punto de vista de Puerto Rico (limitación de 5 años en el TANF y legislación de educación “No Child Left Behind”).

Revisar las leyes laborales es fundamental. No es posible que los trabajadores de bajo ingreso en Puerto Rico ganen más que sus contrapartes en los EE.UU. porque reciben bono de navidad legislado, trabajen menos porque gozan de más días de vacaciones y feriados, y tengan mayor protección contra despidos. El resultado es que es más atractivo montar operaciones en otras jurisdicciones que en Puerto Rico y se termina penalizando al trabajador que se pretende ayudar. Promover fuentes de energía eficientes también es fundamental.

Es importante que se fomente el aumento de la producción entre las co-generadoras privadas. Y necesita que esta producción adicional provenga de empresas privadas Puerto Rico, además, necesita dar un salto cualitativo en la calidad de la educación pública, que es la que reciben tres cuartas partes del país. De nada sirve educar una élite en escuelas privadas para que estudien en la Universidad de Puerto Rico y emigren de la Isla. Es necesario ofrecer una educación de calidad a la población en general para que haya un aumento en la capacidad productiva.

Finalmente, es necesario continuar modificando el sistema de contribuciones sobre ingresos para aumentar los impuestos al consumo, reducir los impuestos sobre ingresos y mantener tasas preferenciales para los sectores que compiten en la economía global. Estos son la manufactura, el turismo, la agricultura y los servicios exportables. Estas medidas se refuerzan mutuamente. Una revisión menos atractivos los ingresos de beneficencia social, se complementa con cambios contributivos que refuercen el atractivo de trabajar con mejoras en la educación que logren que estos futuros trabajadores sean más productivos, con energía eléctrica más barata que haga posible que nuestros empresarios sean más competitivos a nivel global y con leyes laborales más flexibles que incentiven a los empresarios a reclutar más personal.

Puerto Rico ha sido exitoso en el pasado y puede volver a serlo. Queda en los propios puertorriqueños lograrlo.

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Ni con Laffer, ni con Keynes

2008-10-21T14:55:00.000-04:00

Juan Lara

El Vocero - 9 de septiembre de 2008

En el debate sobre la reducción de las tasas contributivas hay dos voces que son importante distinguir: una que parece decir que la reducción de tasas por sí sola basta para resolver la mayor parte de nuestros problemas económicos, y otra que dice que las tasas tienen que bajarse, pero que sólo se puede hacer responsablemente en el contexto de una verdadera reforma fiscal.

Yo soy de los que cantan con esa segunda voz, aunque desafine.

Se está comunicando la idea de que con una reducción súbita y fuerte de las tasas contributivas se le puede dar un impulso a la economía suficiente para ponerle fin a la recesión. Debo aclarar que esto no es lo que dice el estudio que hizo sobre el tema el economista Gustavo Vélez y que se ha citado ampliamente.

De hecho, el referido estudio lo que dice es que bajar las tasas provocará de inmediato un aumento del déficit público y que su efecto favorable ocurriría a mediano plazo, y esto último sólo si el precio del petróleo lo permite. Ello no impide, sin embargo, que se cite el estudio de Vélez para apoyar la propuesta descrita.

La idea de que la reducción de tasas contributivas puede acabar con la recesión tiene su fundamento teórico en dos conceptos económicos: el efecto Laffer y el efecto Keynes. Ninguno de los dos funcionaría en nuestras circunstancias, por lo cual, en nuestro caso, no podemos contar con Laffer ni con Keynes. Confiar en la operación de estos efectos es lo mismo que esperar que una hada madrina nos saque de la estanflación (recesión con inflación) en la que estamos.

Antes de explicar por qué no podemos contar con Laffer ni con Keynes, conviene explicar brevemente qué son estos efectos. En el caso del efecto Laffer (que viene de Arthur Laffer, el economista que le dio forma), la idea es que al reducirse las tasas contributivas tanto las personas como las empresas aumentan su esfuerzo de producción, lo cual hace que la economía crezca con más vigor.

Esto, a su vez, hace que aumenten los recaudos del Gobierno, ya que una economía más vigorosa produce más ingresos contributivos para el estado. Así que lo que Laffer plantea es una opción muy atractiva para cualquier político: bajamos las tasas contributivas, con lo cual ganamos votos, y a la misma vez aumentamos la recaudación total de impuestos. Diríase que es lo mejor de dos mundos, si funcionara.

Hay que aclarar que para que este efecto ocurra la economía tiene que estar en una situación en la que las tasas contributivas son tan altas que resultan asfixiantes para las personas y las empresas. Sin duda ese es el caso en Puerto Rico, pero sólo para una minoría de personas y empresas que son las que sobrellevan una carga onerosa.

Como se sabe, muchas empresas tienen tasas efectivas bastante bajas -en algunos casos, demasiado bajas- y muchas personas tienen “la suerte” de poder radicar “planillas maquilladas” impunemente, gracias a la laxitud de Hacienda. De ahí que sea verdaderamente justo bajarle las tasas a los que están ahogados, pero es para hacer justicia contributiva, no porque nuestra economía esté atrapada en una “trampa de Laffer”. Y esto hay que hacerlo en el contexto de una reforma fiscal que, entre otras cosas, se asegure de poner a pagar a los que ahora no pagan.

El efecto Keynes es más sencillo, y más real. En este caso se trata de que la reducción en las tasas contributivas ocasiona un aumento inmediato en el ingreso disponible de las personas y la empresas, lo cual, a su vez, provoca un aumento en el gasto agregado y en la actividad económica en general. Este efecto lo describió durante la Gran Depresión el economista inglés John Maynard Keynes, una de las más grandes figuras del Siglo XX.

Las ideas de Laffer tuvieron su origen y su apogeo durante el ascenso de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos. En el primero de los dos términos de Reagan se hizo un experimento con la curva de Laffer; el gobierno recortó los impuestos con la expectativa de reavivar la economía y terminar recaudando más contribuciones, en lugar de menos. El experimento fracasó.

Los recaudos no aumentaron; lo que aumentó, y de modo dramático, fue el déficit del Gobierno Federal, y el brote de productividad prometido no se llegó a dar. Irónicamente, lo que sí funcionó fue el efecto Keynes. La economía de Estados Unidos tuvo un aumento formidable en la demanda agregada, gracias al aumento del ingreso disponible provocado por la reducción de impuestos. El efecto Keynes le dio al país unos años de crecimiento económico vigoroso.
¿Por qué funcionó el efecto Keynes en la primera administración de Reagan? Porque el enorme déficit fiscal que se produjo con la reducción de impuestos resultó muy fácil de financiar. Lo financiaron principalmente los japoneses, y en menor medida los alemanes y otros extranjeros.
Reagan tuvo la suerte de que existía en el mundo un gran apetito por los bonos del Tesoro. De no haber sido así, el efecto Keynes tampoco hubiera funcionado, ya que el déficit fiscal hubiera cancelado el efecto del aumento en el ingreso disponible de las empresas y las personas.

En Puerto Rico, no hay por qué pensar que el efecto Laffer funcionará mejor que lo que funcionó en Estados Unidos en los días de Reagan. Lamentablemente, tampoco podemos pensar que el efecto Keynes funcionará aquí como sí funcionó allá en aquellos tiempos. La razón es que nosotros no tenemos hordas de bonistas -sean americanos, japoneses, alemanes o chinos- ávidos de comprar los bonos de nuestro gobierno.

Al contrario, no hace mucho estuvieron a punto de tirar nuestros bonos a chatarra, precisamente porque no les gusta que nuestro gobierno tenga un déficit.

Si recortamos las tasas contributivas en forma aislada, sin tomar otras medidas necesarias, lo que haremos será aumentar el ya abultado déficit del gobierno. El ingreso disponible de las personas aumentará, pero su efecto en el gasto no podrá ponerle fin a la recesión porque el déficit del gobierno obligará a recortar el gasto por algún otro lado, a menos que aparezca, como en las películas de vaqueros, la caballería de bonistas al rescate.

Tenemos que aceptar la realidad de que ninguna solución simple nos va a librar de la reforma fiscal que tenemos que hacer. Hay que tomar decisiones difíciles, y hay que hacerlo con el criterio de repartir del costo del ajuste de manera equitativa. Si no podemos contar con Laffer ni con Keynes, entonces ¿con quién? Pues con nosotros mismos. No hay otra.

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Parcho a la Economía Puertorriqueña

2008-10-21T14:51:00.000-04:00

Vladimir Rivera - Economista Senior

En estos días han llovido las propuestas de rebajas contributivas. Todos proponen rebajas contributivas como solución mágica para mejorar la actividad económica. Actividad económica fundamentada en un modelo de desarrollo económico que ha colapsado.

Resalta en gran medida la aplicabilidad de modelos teóricos como dogmas infalibles, máxime en una economía como la nuestra (sobre todo pequeña y abierta). Por ejemplo, el beneficio para la economía nuestra del reembolso federal (“helicopter money”) no tuvo los resultados esperados.

Es decir, gran parte de este reembolso se esfumó en auspicio a países extranjeros en bienes y servicios.

Por el lado de las corporaciones, resalta aún más la comparación a estas alturas de Puerto Rico con países como Macedonia para justificar tales rebajas. En base a esta tendencia, en 15 o 20 años estaremos comparándonos con Etiopía o Haití.

El problema real es de fondo. Estas rebajas contributivas deben materializarse dentro de una reforma fiscal. Estos parchos no garantizan que el gobierno recaude lo suficiente como para cumplir con sus responsabilidades. Si sólo nos enfocáramos en el lado de los ingresos, pues con una economía informal significativa como la nuestra (alrededor del 20% del Producto Bruto), mayor certeza sería ampliar la base (boyancia) para captar un mayor número de participantes aportando al fisco.

Tan sólo establecer estas rebajas sin tomar en consideración otras variables de nuestro sistema económico resulta simplista. Es evidente que estas rebajas de fin de semana son un parcho. Tal parece que sólo queremos una economía de parchos.

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Puerto Rico Debe Bajar Costos de Negocio y Bajar...

2008-10-21T11:41:00.000-04:00

Marian Díaz

El Nuevo Día, 18 de marzo de 2008

Economista sugiere bajar costos de negocio y subir contribuciones.

La tasa contributiva en la nueva ley de incentivos industriales debería acercarse más al 12.5% que tiene Irlanda, que al 2%, si es que el país desea que la economía crezca vigorosamente.

Así opina el economista Vicente Feliciano, presidente de Advantage Business Consulting (ABC), quien hace intentos para que el comité timón que trabaja en la nueva ley de incentivos escuche sus planteamientos sobre lo qué debe contener el nuevo estatuto.

El economista dijo a El Nuevo Día que tiene claro que el objetivo de la ley tiene que ser generar crecimiento económico y aumentar el número de empleos. Y además, que no sea permanente, sino que se tenga que revisar cada cierto tiempo.

Feliciano cuestionó por qué no se aprovecha el momento para reducir la brecha entre las corporaciones exentas -que pagan entre 2% y 7%- y las no exentas que pagan un 40% en contribuciones. A juicio suyo, la ley debería aproximar a las no exentas a la tasa de Estados Unidos, que es de 32%.

Según él, la fórmula ganadora no es descansar en tasas bajas -como ha sido el caso de Puerto Rico-, sino tener costos operacionales bajos.

"Muchas de las industrias que perdemos se van a Estados Unidos donde pagan tasas de 32%. Aumentar las exenciones no nos va a llevar más lejos, y con los costos operacionales altos, tampoco vamos a lograr atraerlas", dijo.

Una manera de reducir los costos operacionales a las industrias exentas, según el economista, es flexibilizando las leyes laborales o eximiéndolas de su cumplimiento, a la vez que se les reduce la tarifa de energía eléctrica.

El entrevistado dijo que si se busca incentivar también la industria de valores, hay que incentivar los instrumentos de capital, como las acciones, y el capital de riesgo.

"El problema de aquí es que hay demasiados instrumentos financieros exentos. Tenemos que aumentar los impuestos a los instrumentos de renta fija y bajar los impuestos a los dividendos", planteó.

Insistió que cualquier propuesta de incentivos industriales tiene que ofrecer mayores recaudos fiscales a cambio de menores costos operacionales para ser exitosa.

Eso hizo Irlanda cuando firmó el pacto social de 1987. Nosotros podemos seguir el camino de los irlandeses. Pero, si Puerto Rico no está dispuesto a hacer el pacto de mayores impuestos a cambio de menores costos operacionales, entonces es mejor que extendamos la ley actual y nos sentemos a discutir cuando haya la voluntad de hacer lo indispensable", subrayó Feliciano.

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Incentives are net positive, but watch the fine print

2008-10-16T17:13:00.000-04:00

Vicente Feliciano

The San Juan Star, May 14, 2008

In the final analysis, the proponed incentives are a positive step for the Island, as long as the fine print in the law is appropriately addressed.

The vision that comes out is to prudently increase taxes for the tax exempt firms, maintaining competitive levels. Thus, the 4% minimum tax when at present many firms are paying below this threshold.

The 4% is the result of some haggling. It was mentioned that Ireland had rates of 12.5%. On the other hand, Ireland offers grants and incentives that result in actual taxes below 12.5%. Individuals close to the exempt companies stated that the effective tax rate is 4%, even though there is no official document or in-depth study to support it. The committee accepted this on faith.

The proposed law has a vision of competitiveness that goes beyond tax rates. We understand that tackling issues of transaction, energy and labor costs is an important precedent. The decline in our manufacturing base and the difficulties of our local industry has more to do with high operational costs than with high taxes. To oppose flexi-time and the like is to embrace a failed model.

Another positive element is that it expands on the definition of exempt company, incorporating activities within the value chain that were not previously included. Also, the law advances the concept of clusters by offering credits for purchases to local manufacturers. In addition, it assigns resources to the Science and Technology Trust.

However, the devil is in the details. Unless the fine print is taken care of, the law would not be beneficial for Puerto Rico.

The definition of minimum tax is not consistent with the agreement of the Steering Committee of a 4% effective tax rate. As written, the effective tax rate would be lower than 4% and in some cases Hacienda could end up paying money to the exempt corporation.

The length of the exemption decree ought to be 10 years instead of 15 years. The proposed law entails such a major shift from the present law, that it is bound to have mistakes that would be addressed over time. It is like a software program that needs the bugs to be worked out, with the additional complication that we cannot run the program beforehand to see how it works.
It would be imprudent to tie Puerto Rico to 15 year commitments knowing that the law will require modifications. On the other hand, a 10 year decree gives us a brutal advantage over other jurisdictions. Neither Ireland nor the United States offer a single day of guaranteed income tax rules. There is no technical analysis that justifies 15 years instead of 10 years.
We are concerned that the law does not have an expiration date. The proposed law is the result of the “sunset clause” in the previous law by which the law expired after ten years. It is reasonable that every ten years we take stock of where we are and where we should be going. It would be somewhat like the census. Over nine years estimates are used, but every ten years is necessary to perform an actual census.

The credit for royalties is equal to the royalty payments, which we understand is too high. If one company pays royalties equivalent to an effective tax rate of 4% then there is no incentive to perform any of the activities that the law intends to advance.

If a company has a standing tax decree with income tax rates below 4% or royalty payments below 12%, it would keep this rates under the new law. It is not a matter of respecting the present decrees for which the government of Puerto Rico has a commitment, but that when these decrees expire the new decrees would maintain the tax rates of the old law. If the tax rates in the proposed law are good enough to attract new investment, they are good enough to retain existing investment.

The proposed law exempts from taxes income from financial investments (Section 2J) instead of treating it like any other income. There is no technical analysis to justify this policy. In the case of Ireland, income from financial investments has a higher tax rate than other operating income.
In the big picture the law is positive because the legislature, with a previous record which is less than stellar, forced the private sector to get to work. Instead of waiting for two years we have a proposed law that is better than the existing one and in only six months. Our shared government was able to come together in a controversial and potentially divisive issue.
For those of us who are married to this Island, the potential of this law reaffirms our conviction that there is a future right here in Puerto Rico.

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Financiando la Reducción en Contribuciones en Puerto Rico

2008-10-16T16:47:00.000-04:00

Vicente Feliciano

El Nuevo Día - 3 de agosto de 2008

“I used to think if there was reincarnation, I wanted to come back as the President or the Pope or a .400 baseball hitter, but now I want to come back as the bond market. You can intimidate everybody.” James Carville

El issue de una rebaja en tasas contributivas ha tomado tal fuerza que su implantación es imperativa, lo cuál es bueno para el país. Por otro lado, si el financiamiento de la medida es inapropiado, el resultado sería contraproducente.

Es seductor pensar que reducciones en contribuciones van a generar tanta actividad económica que resultarán en mayores recaudos. Aunque hay mucha literatura popular al respecto, la literatura económica seria es que en circunstancias normales menores contribuciones resultan en menores recaudos. Hay un aumento en actividad económica que genera recaudos pero que no compensa totalmente la reducción en tasas.

Significativamente, las casas evaluadoras (Standard & Poor, Moody´s) creen en la literatura económica, por lo que promovieron activamente la implantación del IVU. Y si el gobierno de Puerto Rico propone reducciones en contribuciones sin reducciones en gastos la degradación de la deuda sería inmediata.

Ya se ha reducido el personal gubernamental en unos 16 mil puestos y se puede reducir la nómina gubernamental entre 16 mil y 20 mil puestos a lo largo de cuatro años sin necesidad de despidos. Si consideramos que cada reducción de empleo implica un ahorro de $40 mil, la reducción en personal representaría ahorros anuales de unos $700 millones para el último año del cuatrenio. Por otro lado, reducciones en gasto gubernamental producen una contracción en la actividad económica que reduce los recaudos, aunque no por la totalidad de la reducción en gasto gubernamental.

Como el déficit actual es de $1 billón, la reducción en el gasto recurrente mediante “attrition” no será suficiente para generar recursos para reducir el déficit actual y para recortes contributivos.
Reducciones mayores en gastos requieren repensar la estructura gubernamental. Y no estamos hablando de agencias pequeñas. Estamos hablando de la política del Departamento de Educación ante la reducción de alumnos. Estamos hablando de la política de ASES en términos del número de beneficiarios y su cobertura. Estamos hablando de los créditos contributivos y subsidios al sector privado. Otras áreas del presupuesto tienen porcentajes fijos de los recaudos (Universidad de Puerto Rico, rama judicial) o prioridad (pago de deuda).

Operar con déficits fiscales durante una recesión es correcto. Es parte de la teoría económica básica desde los tiempos de Keynes. Esta fue la razón por la que el gobierno norteamericano aumentó su déficit emitiendo los reembolsos contributivos. Esta es la razón por la cuál sería correcto un programa de inversión en infraestructura y vivienda social. Sin embargo, tiene que ser sostenible en el mediano plazo, que cuando se salga de la recesión la deuda resultante sea manejable.

Una opción es cubrir el déficit actual con reducciones en gastos y cubrir el déficit generado por la reducción en las tasas con ingresos no-recurrentes como endeudamiento, alquiler de activos (lotería, autopistas), venta de activos (deuda a Hacienda, bienes raíces), etc. Los mercados financieros determinarán cuán lejos puede ir el gobierno de Puerto Rico por este camino.
Económicamente, aunque quizás políticamente imposible, sería más correcto reducir las tasas en el marco de una reforma contributiva que amplíe la base y ponga un mayor peso en los impuestos al consumo. Los recaudos de Puerto Rico como porcentaje de la economía son similares a los de Chile. No es que el total de recaudos sea muy alto, es que está mal distribuido. En Chile el 63% son impuestos sobre el consumo mientras que en Puerto Rico el porcentaje se sitúa en 19%.

Además, es necesario eliminar los impuestos a los dividendos y financiarlo mediante aumentos a las contribuciones de ingreso por intereses. Es necesario revisar la definición de base tributable de la contribución alterna mínima. Finalmente, es importante eliminar leyes que innecesariamente reducen los recursos fiscales. Por ejemplo, si la nueva ley de incentivos económicos es buena, no es necesario dar nuevos decretos de exención contributiva con las tasas aplicables en la ley anterior.

Finalmente, la reactivación del sector privado no puede ser enfocada únicamente con medidas fiscales, sino que debe incluir: flexibilización de leyes laborales, agilización del sistema de permisos, flexibilización de ley de cierre, inversiones en infraestructura, etc.
Issues como el flexi-time, aprobado por la presente legislatura, tienen que ser retomados La discusión de otros issues de leyes laborales deben ser iniciados. La legislatura de este gobierno compartido aprobó la ampliación de pagos en el marco de la Ley 80 reglamentando los despidos en Puerto Rico y el gobernador firmó dicha legislación. Este tipo de legislación va contra nuestra capacidad competitiva.

Hay que reducir las tasas contributivas, pero hay que hacerlo sin afectar el crédito del país.

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