Vicente Feliciano
El Nuevo Día - 3 de agosto de 2008
“I used to think if there was reincarnation, I wanted to come back as the President or the Pope or a .400 baseball hitter, but now I want to come back as the bond market. You can intimidate everybody.” James Carville
El issue de una rebaja en tasas contributivas ha tomado tal fuerza que su implantación es imperativa, lo cuál es bueno para el país. Por otro lado, si el financiamiento de la medida es inapropiado, el resultado sería contraproducente.
Es seductor pensar que reducciones en contribuciones van a generar tanta actividad económica que resultarán en mayores recaudos. Aunque hay mucha literatura popular al respecto, la literatura económica seria es que en circunstancias normales menores contribuciones resultan en menores recaudos. Hay un aumento en actividad económica que genera recaudos pero que no compensa totalmente la reducción en tasas.
Significativamente, las casas evaluadoras (Standard & Poor, Moody´s) creen en la literatura económica, por lo que promovieron activamente la implantación del IVU. Y si el gobierno de Puerto Rico propone reducciones en contribuciones sin reducciones en gastos la degradación de la deuda sería inmediata.
Ya se ha reducido el personal gubernamental en unos 16 mil puestos y se puede reducir la nómina gubernamental entre 16 mil y 20 mil puestos a lo largo de cuatro años sin necesidad de despidos. Si consideramos que cada reducción de empleo implica un ahorro de $40 mil, la reducción en personal representaría ahorros anuales de unos $700 millones para el último año del cuatrenio. Por otro lado, reducciones en gasto gubernamental producen una contracción en la actividad económica que reduce los recaudos, aunque no por la totalidad de la reducción en gasto gubernamental.
Como el déficit actual es de $1 billón, la reducción en el gasto recurrente mediante “attrition” no será suficiente para generar recursos para reducir el déficit actual y para recortes contributivos.
Reducciones mayores en gastos requieren repensar la estructura gubernamental. Y no estamos hablando de agencias pequeñas. Estamos hablando de la política del Departamento de Educación ante la reducción de alumnos. Estamos hablando de la política de ASES en términos del número de beneficiarios y su cobertura. Estamos hablando de los créditos contributivos y subsidios al sector privado. Otras áreas del presupuesto tienen porcentajes fijos de los recaudos (Universidad de Puerto Rico, rama judicial) o prioridad (pago de deuda).
Operar con déficits fiscales durante una recesión es correcto. Es parte de la teoría económica básica desde los tiempos de Keynes. Esta fue la razón por la que el gobierno norteamericano aumentó su déficit emitiendo los reembolsos contributivos. Esta es la razón por la cuál sería correcto un programa de inversión en infraestructura y vivienda social. Sin embargo, tiene que ser sostenible en el mediano plazo, que cuando se salga de la recesión la deuda resultante sea manejable.
Una opción es cubrir el déficit actual con reducciones en gastos y cubrir el déficit generado por la reducción en las tasas con ingresos no-recurrentes como endeudamiento, alquiler de activos (lotería, autopistas), venta de activos (deuda a Hacienda, bienes raíces), etc. Los mercados financieros determinarán cuán lejos puede ir el gobierno de Puerto Rico por este camino.
Económicamente, aunque quizás políticamente imposible, sería más correcto reducir las tasas en el marco de una reforma contributiva que amplíe la base y ponga un mayor peso en los impuestos al consumo. Los recaudos de Puerto Rico como porcentaje de la economía son similares a los de Chile. No es que el total de recaudos sea muy alto, es que está mal distribuido. En Chile el 63% son impuestos sobre el consumo mientras que en Puerto Rico el porcentaje se sitúa en 19%.
Además, es necesario eliminar los impuestos a los dividendos y financiarlo mediante aumentos a las contribuciones de ingreso por intereses. Es necesario revisar la definición de base tributable de la contribución alterna mínima. Finalmente, es importante eliminar leyes que innecesariamente reducen los recursos fiscales. Por ejemplo, si la nueva ley de incentivos económicos es buena, no es necesario dar nuevos decretos de exención contributiva con las tasas aplicables en la ley anterior.
Finalmente, la reactivación del sector privado no puede ser enfocada únicamente con medidas fiscales, sino que debe incluir: flexibilización de leyes laborales, agilización del sistema de permisos, flexibilización de ley de cierre, inversiones en infraestructura, etc.
Issues como el flexi-time, aprobado por la presente legislatura, tienen que ser retomados La discusión de otros issues de leyes laborales deben ser iniciados. La legislatura de este gobierno compartido aprobó la ampliación de pagos en el marco de la Ley 80 reglamentando los despidos en Puerto Rico y el gobernador firmó dicha legislación. Este tipo de legislación va contra nuestra capacidad competitiva.
Hay que reducir las tasas contributivas, pero hay que hacerlo sin afectar el crédito del país.
El Nuevo Día - 3 de agosto de 2008
“I used to think if there was reincarnation, I wanted to come back as the President or the Pope or a .400 baseball hitter, but now I want to come back as the bond market. You can intimidate everybody.” James Carville
El issue de una rebaja en tasas contributivas ha tomado tal fuerza que su implantación es imperativa, lo cuál es bueno para el país. Por otro lado, si el financiamiento de la medida es inapropiado, el resultado sería contraproducente.
Es seductor pensar que reducciones en contribuciones van a generar tanta actividad económica que resultarán en mayores recaudos. Aunque hay mucha literatura popular al respecto, la literatura económica seria es que en circunstancias normales menores contribuciones resultan en menores recaudos. Hay un aumento en actividad económica que genera recaudos pero que no compensa totalmente la reducción en tasas.
Significativamente, las casas evaluadoras (Standard & Poor, Moody´s) creen en la literatura económica, por lo que promovieron activamente la implantación del IVU. Y si el gobierno de Puerto Rico propone reducciones en contribuciones sin reducciones en gastos la degradación de la deuda sería inmediata.
Ya se ha reducido el personal gubernamental en unos 16 mil puestos y se puede reducir la nómina gubernamental entre 16 mil y 20 mil puestos a lo largo de cuatro años sin necesidad de despidos. Si consideramos que cada reducción de empleo implica un ahorro de $40 mil, la reducción en personal representaría ahorros anuales de unos $700 millones para el último año del cuatrenio. Por otro lado, reducciones en gasto gubernamental producen una contracción en la actividad económica que reduce los recaudos, aunque no por la totalidad de la reducción en gasto gubernamental.
Como el déficit actual es de $1 billón, la reducción en el gasto recurrente mediante “attrition” no será suficiente para generar recursos para reducir el déficit actual y para recortes contributivos.
Reducciones mayores en gastos requieren repensar la estructura gubernamental. Y no estamos hablando de agencias pequeñas. Estamos hablando de la política del Departamento de Educación ante la reducción de alumnos. Estamos hablando de la política de ASES en términos del número de beneficiarios y su cobertura. Estamos hablando de los créditos contributivos y subsidios al sector privado. Otras áreas del presupuesto tienen porcentajes fijos de los recaudos (Universidad de Puerto Rico, rama judicial) o prioridad (pago de deuda).
Operar con déficits fiscales durante una recesión es correcto. Es parte de la teoría económica básica desde los tiempos de Keynes. Esta fue la razón por la que el gobierno norteamericano aumentó su déficit emitiendo los reembolsos contributivos. Esta es la razón por la cuál sería correcto un programa de inversión en infraestructura y vivienda social. Sin embargo, tiene que ser sostenible en el mediano plazo, que cuando se salga de la recesión la deuda resultante sea manejable.
Una opción es cubrir el déficit actual con reducciones en gastos y cubrir el déficit generado por la reducción en las tasas con ingresos no-recurrentes como endeudamiento, alquiler de activos (lotería, autopistas), venta de activos (deuda a Hacienda, bienes raíces), etc. Los mercados financieros determinarán cuán lejos puede ir el gobierno de Puerto Rico por este camino.
Económicamente, aunque quizás políticamente imposible, sería más correcto reducir las tasas en el marco de una reforma contributiva que amplíe la base y ponga un mayor peso en los impuestos al consumo. Los recaudos de Puerto Rico como porcentaje de la economía son similares a los de Chile. No es que el total de recaudos sea muy alto, es que está mal distribuido. En Chile el 63% son impuestos sobre el consumo mientras que en Puerto Rico el porcentaje se sitúa en 19%.
Además, es necesario eliminar los impuestos a los dividendos y financiarlo mediante aumentos a las contribuciones de ingreso por intereses. Es necesario revisar la definición de base tributable de la contribución alterna mínima. Finalmente, es importante eliminar leyes que innecesariamente reducen los recursos fiscales. Por ejemplo, si la nueva ley de incentivos económicos es buena, no es necesario dar nuevos decretos de exención contributiva con las tasas aplicables en la ley anterior.
Finalmente, la reactivación del sector privado no puede ser enfocada únicamente con medidas fiscales, sino que debe incluir: flexibilización de leyes laborales, agilización del sistema de permisos, flexibilización de ley de cierre, inversiones en infraestructura, etc.
Issues como el flexi-time, aprobado por la presente legislatura, tienen que ser retomados La discusión de otros issues de leyes laborales deben ser iniciados. La legislatura de este gobierno compartido aprobó la ampliación de pagos en el marco de la Ley 80 reglamentando los despidos en Puerto Rico y el gobernador firmó dicha legislación. Este tipo de legislación va contra nuestra capacidad competitiva.
Hay que reducir las tasas contributivas, pero hay que hacerlo sin afectar el crédito del país.
